Organizaciones nacionales exigieron este martes 29 de septiembre la derogación de la ley contra el odio, al considerar que forma parte de un marco legal represivo contra periodistas, defensores de derechos humanos y voces críticas del chavismo, y no una simple reforma como pidió Delcy Rodríguez a la Asamblea Nacional.

Reclamo por una derogación total

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa sostuvo en X que mantiene su exigencia de derogar la norma, porque no solo penaliza la expresión, sino que además permite revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos.

Para el gremio, eliminar las penas de prisión sería un avance importante, pero insuficiente si permanecen disposiciones que habilitan otras sanciones. En su criterio, la revisión debe desmontar tanto la penalización de la expresión como los mecanismos de censura.

“Una reforma limitada a la despenalización dejaría vigentes restricciones muy graves para la libertad de prensa y de expresión”, señaló.

Más voces contra la norma

En una carta difundida este martes, Rodríguez explicó que la reforma solicitada busca “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en la ley y forma parte de las acciones del Gobierno para “transformar el sistema de justicia penal” y “favorecer el reencuentro y convivencia democrática”.

El Colegio Nacional de Periodistas indicó en X que la ley debe ser derogada por su “carácter punitivo y discrecional” y porque viola derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión.

Espacio Público también pidió su derogación inmediata al sostener que la norma “utiliza la justicia para criminalizar el pensamiento crítico, sancionar la contraloría de la gestión pública, afectar legalmente a quienes cuestionan al Estado y restringir el ecosistema informativo”.

Óscar Murillo, coordinador general de Provea, recordó que esa organización ha solicitado la urgente derogatoria del marco jurídico que ha permitido la criminalización de los derechos ciudadanos, incluida la ley contra el odio. “Exigimos cambios genuinos y creíbles. El país rechaza cualquier mecanismo de simulación”, expresó.