Un venezolano de 36 años, que residía legalmente en Estados Unidos desde hace cinco años, fue deportado de forma imprevista a Liberia, un país de África Occidental con el que no tiene ningún tipo de vínculo familiar ni legal. El afectado, identificado como C., relató que se enteró de su expulsión apenas unas horas antes del vuelo al descubrir su nombre en una lista oficial sin previo aviso ni tiempo para ejercer su defensa.

El traslado se ejecutó el pasado 19 de agosto, cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos lo embarcaron en un vuelo chárter desde Alexandria, en el estado de Luisiana, junto a decenas de ciudadanos de diversas nacionalidades. Esta operación forma parte de los primeros grupos de un total de cerca de 1.200 personas aceptadas por el gobierno liberiano en el marco de los acuerdos impulsados por la Administración Trump.

Ocho meses de detención administrativa

El calvario de C. comenzó en diciembre de 2025, cuando acudió a las oficinas de inmigración para cumplir con sus controles periódicos habituales. Tras una breve espera, las autoridades le notificaron su detención bajo el argumento de una investigación especial que debía prolongarse por dos semanas.

Sin embargo, las supuestas dos semanas se extendieron por un periodo de ocho meses, durante los cuales el venezolano fue trasladado por nueve centros de reclusión diferentes. En ese lapso, se perdió el nacimiento de su único hijo, a quien actualmente solo puede ver a través de videollamadas desde el hotel costero en Marshall donde permanece confinado junto a otros deportados.

La huida desde los Andes venezolanos

Antes de establecerse en territorio estadounidense, donde trabajaba legalmente de día en la venta de vehículos y de noche en el reparto de comida, C. residía en la región de los Andes venezolanos. Salió de su país natal en 2021 huyendo de la crisis política y económica, tras militar como opositor político y enfrentar graves riesgos contra su vida.

A pesar del impacto de terminar en una nación africana de la que desconocía hasta el idioma, el grupo de deportados cuenta con la garantía de las autoridades liberianas de que podrán moverse con libertad, buscar asilo o abandonar el territorio por sus propios medios, evitándole al menos un ingreso en prisión.