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Senado argentino revisa 21 ascensos diplomáticos impulsados por Quirno

La Comisión de Acuerdos tratará el 18 de noviembre los pliegos para promover a 21 funcionarios al rango de embajador, en medio de críticas por mérito, antigüedad y costo fiscal.

Senado argentino revisa 21 ascensos diplomáticos impulsados por Quirno

La discusión por los ascensos diplomáticos volvió a tensar el Senado argentino. La Comisión de Acuerdos tratará el miércoles 18 los pliegos enviados por el canciller Pablo Quirno para promover a 21 funcionarios a la categoría de embajador, además de otras promociones en escalafones inferiores.

Las listas reavivaron objeciones por presunta discrecionalidad, amiguismo y apartamiento de los criterios de mérito y antigüedad. También quedó bajo debate el impacto fiscal de los ascensos, en un contexto en el que el Gobierno había prometido recortes en el gasto público.

Veintiún nombres para embajador y una cita clave en el Senado

Según el detalle remitido al Senado, dos nóminas incluyen a 21 diplomáticos propuestos para llegar a la categoría de embajador. Diez tendrían efecto desde el 1° de enero de 2027 y otros once corresponden a 2026.

Entre los nombres aparecen el vicecanciller Juan Manuel Navarro, la embajadora en Londres Mariana Plaza, el representante ante Naciones Unidas Francisco Tropepi, Natalia Gunski, directora de América del Sur, y Gerardo Díaz Bartolomé, cónsul en Nueva York, además de otros funcionarios de carrera.

Las propuestas fueron enviadas el 16 de octubre y también incluyen ascensos a ministros plenipotenciarios de primera y segunda clase, y a consejeros de embajada y cónsules generales. En ese último caso, la propia pieza legislativa recuerda que esos rangos no requieren acuerdo del Senado y son aprobados por resolución ministerial.

Las dudas por la antigüedad y el rol de la Junta Calificadora

La controversia se profundizó porque, según diplomáticos consultados, la Junta Calificadora había ordenado las promociones conforme a la antigüedad y los méritos, pero luego se habrían modificado varios nombres antes de llegar al Senado. En esa lectura, el criterio técnico quedó subordinado a decisiones políticas sobre la conformación final de las listas.

El artículo 16 de la Ley del Servicio Exterior fija, como regla general, una permanencia mínima de tres años en la categoría para los ascensos. A la vez, el artículo 15 prevé una excepción para los ascensos a embajador cuando las condiciones del Servicio Exterior así lo requieran. Esa salvedad es uno de los puntos que alimenta el conflicto, porque los críticos sostienen que no se explicaron razones de servicio para apartarse de los plazos habituales.

En el caso de Juan Manuel Navarro, la discusión cobró fuerza por la secuencia administrativa de su carrera. En agosto había sido promovido a ministro plenipotenciario de primera clase, con vigencia retroactiva al 1° de enero de 2024, y ahora figura entre los candidatos a embajador en una nómina de octubre con referencia al 1° de enero de 2026.

Plaza y Tropepi también aparecen en una situación similar, según las objeciones planteadas por diplomáticos que consideran que las fechas retroactivas aceleran formalmente los tiempos de carrera frente a otros funcionarios con mayor antigüedad.

El costo fiscal y los reparos políticos

Otro foco de discusión es el costo fiscal. La Ley del Servicio Exterior establece que los funcionarios incluidos en una propuesta de ascenso que finalmente no sean promovidos, por decisión del Poder Ejecutivo o por causas que no les sean imputables, pueden cobrar un suplemento equivalente al 50% de la diferencia entre sus haberes y los de la categoría inmediata superior.

Ese mecanismo abre la posibilidad de obligaciones salariales adicionales para el Estado si las listas originales de la Junta son alteradas. Por eso, la discusión no se limita a la carrera diplomática: también toca el gasto público y la coherencia del discurso oficial sobre ajuste.

Los cuestionamientos incluyen además la actuación de la Junta Calificadora. Según las fuentes diplomáticas citadas en la discusión, a los aspirantes se les habría pedido entrevistas individuales con sus cinco integrantes, pero no todos habrían tenido la misma cantidad de reuniones. También se señaló que esas entrevistas continuaron durante aproximadamente un mes después de cerrado y elevado el listado.

La Comisión de Acuerdos deberá ahora analizar los pliegos y emitir dictamen. La decisión final sobre los ascensos a embajador requiere el acuerdo del Senado.

Un debate que vuelve a exponer tensiones internas

La disputa no es nueva. Ya en abril había generado malestar entre integrantes del cuerpo diplomático, y ahora volvió a exhibir diferencias entre la conducción política del ministerio y funcionarios de carrera que reclaman respeto por las reglas del escalafón.

En paralelo, algunas de las postulaciones se leen en clave política: se mencionan nombres vinculados a gestiones anteriores y otros que hoy ocupan funciones sensibles dentro de la estructura diplomática. Para los críticos, el punto central sigue siendo el mismo: quién decide los ascensos, con qué criterios y bajo qué justificación.

Contenido redactado con asistencia de un LLM.

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