Una nueva línea de la causa por lavado de activos contra Lázaro Báez puso en el centro a Sergio Pejkovic, el perito tasador designado por la defensa de Cristina Kirchner para intervenir en la valuación de bienes alcanzados por el decomiso en el caso Vialidad. El Ministerio Público Fiscal de Río Gallegos sostuvo que ese profesional tenía vínculos con el empresario santacruceño y pidió que se atendiera ese posible conflicto de intereses.
El señalamiento apareció tras 27 allanamientos en la capital santacruceña y el secuestro de documentos en una inmobiliaria allanada por la Justicia federal de Santa Cruz, donde se halló una carpeta rotulada “Lázaro Báez y Cristina Ibañez”. Según la investigación, el mismo perito había sido designado el 15 de mayo para intervenir junto al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la tasación de inmuebles individualizados por el tribunal.
El vínculo que observó la fiscalía
El fiscal Diego Luciani sostuvo que Pejkovic reúne “cuatro vínculos relevantes”: habría administrado inmuebles de Báez, le habría adquirido bienes, mantiene trato con su operador actual sobre la percepción de frutos de inmuebles ya decomisados y actúa a propuesta de una persona condenada obligada solidariamente con él.
Uno de los puntos citados en el escrito fiscal remite a una comunicación del 29 de septiembre de 2026 entre Cristian Sebastián Ibáñez, operador de confianza de Báez, y Pejkovic. En esa charla, según la acusación, se habló sobre quién administraba y cobraba alquileres de departamentos del condenado en el edificio de Zapiola N° 55, en Río Gallegos.
La fiscalía agregó que Pejkovic habría identificado la unidad de Báez, mencionado que Gendarmería se había presentado “con todos los papeles” y señalado que la administración de esos inmuebles estaba en manos de personas que “prestan plata” en la esquina de Zapiola y Fagnano. También indicó que esa denominación coincidía con la casilla de correo que el perito había denunciado ante el tribunal y con la de otra perito de parte designada por la misma defensa, Claudia Alejandra Rocha.
En la misma línea, el Ministerio Público afirmó que Pejkovic sería titular de “Patagonia Propiedades” y recordó que le habría vendido a Báez, a través de Austral Construcciones SA, un inmueble matrícula n° 18.144 en Río Gallegos el 27 de marzo de 2007.
Decomiso, bienes y dinero bajo la lupa
La discusión sobre el perito se da en un expediente donde el tribunal tramita la ejecución de una orden de decomiso confirmada por la Cámara de Casación y bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia. Según lo consignado, se trata de 111 bienes: 20 de la familia Kirchner, 84 de Lázaro Báez y el resto de otros acusados.
El fiscal Luciani vinculó ese trámite con la recuperación de 685.000 millones de pesos, cifra que —según la condena del Tribunal Oral Federal 2— corresponde al daño ocasionado al Estado por la maniobra defraudatoria en obras viales. En esa sentencia se mencionan circuitos exclusivos de pago, sobreprecios promedio del 65%, procesos simulados y pagos por avances de rutas que no eran reales.
También señaló que los bienes alcanzados por el decomiso siguen generando frutos, como cánones locativos y producción agropecuaria, mientras Báez habría seguido dando órdenes por teléfono desde una línea oficial del Servicio Penitenciario Federal a pesar de estar preso en el Penal de Ezeiza y legalmente impedido de administrar bienes.
La red que investiga el fiscal
De acuerdo con la pesquisa, esa organización no creaba sociedades fantasma para ocultar dinero, sino que operaba sobre patrimonio preexistente de Báez, ya embargado, decomisado o transferido al Estado. La estructura, según la acusación, se dividía en tres etapas: colocación, estratificación e integración.
En la primera, personas de confianza manejaban de hecho campos y edificios para recaudar dinero en efectivo y transferencias. En la segunda, el flujo se fragmentaba con transferencias rápidas, envíos masivos entre cuentas de testaferros y fondos volcados en juegos de azar. En la tercera, el dinero regresaba al entorno de Báez o se justificaba con una actividad agropecuaria formalmente inscripta, aunque con inconsistencias.
La fiscalía calculó además que entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 hubo un flujo consolidado de $390.880.000. En ese universo se registraron 662 operaciones bancarias por $380.620.089 vinculadas a Ibáñez y Ulloa, además de una negociación para vender ilegalmente dos galpones embargados por $250.000.000, siete transferencias rápidas por $6.900.000 en cuatro minutos y quince segundos y seis remesas por $5.100.000 que terminaron en manos de Claudia Insaurralde.
Entre los bienes mencionados figuran las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike; las unidades funcionales del edificio de Zapiola N° 55; un inmueble en la costanera de El Calafate; dos galpones negociados por 250 millones de pesos; y la propiedad de calle Córdoba N° 45, que ya figuraba formalmente a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por efecto del decomiso.
La causa también describe control fáctico sobre las sociedades Kank y Costilla S.A. y Austral Agro S.A., el cobro irregular de contratos de alquiler con Prexa S.R.L., Cedimag S.A. y Centro Médico La Trinidad S.A., y el uso de vehículos comprometidos, entre ellos un Ford Mondeo con pedido de secuestro y un camión Scania interceptado en el control de Güer Aike con documentación falsa.
Según la acusación, la Justicia identificó una banda estable de 12 imputados articulada por lazos familiares, de pareja y subordinación. En esa reconstrucción, Báez impartía directivas desde la cárcel y era secundado por Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez.




