La II Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe que se celebró en Uruguay, reconoció avances en la región en la última década pero también alertó sobre el riesgo de retroceso.
Este encuentro se efectuó entre el 25 y 27 de octubre, paralelo al IX Foro Ministerial de Desarrollo, y fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En el evento se planteó un gran dilema al reconocer avances en la adopción de políticas y programas para enfrentar el doble desafío de la inclusión social y laboral de la población en el último decenio y medio, y admitir que esos progresos resultan insuficientes para alcanzar el desarrollo con igualdad y sostenibilidad.
Asimismo, se analizó, debatió y se hicieron propuestas concretas de cómo avanzar en medio de la actual coyuntura de desaceleración económica, que pese a mostrar en 2017 síntomas de cierto despunte en Latinoamérica, sigue siendo un gran problema.
Hito para el evento, que contó con la presencia de ministros, altas autoridades de gobiernos, expertos y sociedad civil, lo constituyó la presentación del documento Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo, a cargo de la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
El estudio, elaborado por un equipo de ese organismo de las Naciones Unidas, formuló que la región necesita avanzar hacia «un círculo virtuoso» de desarrollo en el que la diversificación productiva, el cambio estructural progresivo y el impulso ambiental sean acompañados por el desarrollo social inclusivo.
Todo lo cual redundaría en el acceso de los pueblos a «los beneficios del desarrollo y al ejercicio pleno de derechos», que parecería inalcanzable cuando se constata la coyuntura compleja en el ámbito económico y social de la región.
Por ello resultó trascendente la idea de la máxima representante de la Cepal, de proponer avanzar en el diseño de una agenda regional de desarrollo social inclusivo, que permita alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, aprobada hace dos años.
También resultó fundamental la Resolución final aprobada por los participantes, donde se convocó a «una articulación entre las políticas de inclusión productiva y de inclusión social» en cada país, y a «generar consensos, pactos y acuerdos nacionales, conforme a sus capacidades y con atención a sus especificidades». Brechas, ejes y desafíos… Mirada interior a América Latina Y Caribe
El documento Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo, reveló una serie de datos que desnudaron el actual y complejo panorama regional en aspectos como pobreza, desigualdad, trabajo, desempleo, ingresos y restricciones estructurales, entre otros.
En ese sentido, apuntó que la desigualdad y distribución del ingreso, pese a su diminución en la mayoría de los países a partir del 2002, se mantuvo en 2015 «en niveles similares a los observados en 2014».
De igual forma, reconoció que la tasa de crecimiento sigue siendo baja (debe alcanzar 1,2 por ciento al cierre de 2017) y está acompañada por un aumento de la tasa de desempleo, que en zonas urbanas se prevé alcance el 9,4 por ciento.
Según la Cepal, los mayores impedimentos para dar un salto en términos de desarrollo y bienestar en la región, son «las brechas estructurales en materia laboral y las amplias desigualdades» en relación con las posibilidades de acceso a un trabajo decente.
Al respecto, Bárcena llamó a articular políticas económicas, sociales y ambientales para lograr la doble inclusión social y laboral en la región.
Expresó que los gobiernos latinoamericanos están preocupados sobre todo por crecer y atraer inversiones, y en ese sentido convocó a reflexionar porque «no podemos crecer al costo que sea». No se puede crecer a partir de salarios bajos, del extractivismo de nuestros recursos naturales sin que haya una política de sostenibilidad, ni tampoco «podemos crecer ante las disparidades que hoy seguimos teniendo», sobre todo en lo que llamó la cultura de los privilegios.
Estimó que la evasión fiscal es la expresión más clara de esa cultura de los privilegios y añadió que esta equivale al 6,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional, mientras el gasto por los programas de transferencias condicionadas representó en 2015 el 0,33 por ciento del PIB.
La alta funcionaria de la ONU consideró al trabajo como «la llave maestra para salir de la pobreza y la desigualdad», aunque reconoció que el mismo está bajo acoso.
El organismo regional de la ONU señaló que siete de cada 10 hogares de América Latina no logran mínimos simultáneos de inclusión social y laboral, según las encuestas realizadas en 17 países de la región durante el período 2002-2015.
Subrayó que menos de tres de cada 10 hogares de la región se encuentran en una situación de niveles mínimos de doble inclusión, es decir, «satisfacen los mínimos de inclusión social y laboral simultáneamente».
De acuerdo a los datos, hoy la región sigue teniendo 175 millones de personas en situación de pobreza, el 29,2 por ciento de sus habitantes, y 75 millones de ellos están en la pobreza extrema, el 12,4 por ciento.
Bárcenas remarcó que estas cifras son inaceptables porque «no podemos tolerar la pobreza y la desigualdad, no podemos aceptar que haya mujeres, hombres, niños en condiciones de vulnerabilidad».
Para revertir toda esa situación, la Cepal exhortó a los países latinoamericanos a emprender el camino de un cambio estructural progresivo, que permita fortalecer el rol del Estado para redistribuir, regular y fiscalizar.
Es necesario un mejor y más eficiente Estado para redistribuir, regular y fiscalizar y para construir consensos sociales que trasciendan fronteras político-electorales de corto plazo, remarcó la alta funcionaria de la ONU.
En su llamado a fortalecer el rol del Estado, el documento de 179 páginas consideró necesario promover, a través del diálogo y la participación ciudadana, «pactos para la igualdad» para construir acuerdos y consensos en áreas claves del desarrollo.
Al respecto, propuso «avanzar hacia una cultura de la igualdad que deje atrás la cultura del privilegio y la injusticia social».
Novedoso resultó la participación por primera vez en este tipo de encuentros de la sociedad civil organizada, la cual emitió una declaración en la que reclamó mayor participación.
Las organizaciones sociales uruguayas y de América Latina demandaron la vigencia plena de los derechos humanos en todas las sociedades, «expresadas en Políticas de Estado, para todos los habitantes».
Manifestaron que para la construcción colectiva se requiere de «políticas económico-financieras congruentes» con los derechos humanos, que tengan en cuenta la inclusión, complementariedad y cooperación.
El documento, denominado Rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los procesos de desarrollo para la inclusión social y económica, demandó también de un modelo de desarrollo sustentable y sostenible, donde prime la justicia, la equidad y la solidaridad.
En diálogo con Prensa Latina la representante de la Coordinadora Economía Solidaria Uruguay, Helena Almirati, explicó que la declaración será trasladada a la Cepal con la intención de que esta sea una práctica sistemática de ahora en lo adelante, cada vez se reúna este organismo.
Se trata de unir a las organizaciones sociales en la lucha, proponer el relacionamiento con el Estado, pero también invocar por el fortalecimiento de nosotros mismos, expresó. Agenda Regional
La Cepal documentó que para alcanzar una agenda centrada en la igualdad, de aquí al 2030, se necesita cambiar el estilo de desarrollo actual predominante e implementar «políticas económicas, industriales, sociales y ambientales», las cuales «deben alinearse con un cambio estructural progresivo».
Afirmó, al respecto, que ese desarrollo sostenible no será posible si se mantiene o incrementa la «huella social» del modelo de desarrollo vigente como los altos niveles de pobreza, desigualdad, déficits de trabajo decente, la desprotección social y la vulneración de derechos de la población.
En opinión de Bárcenas, América Latina necesita «crecer para igualar e igualar para crecer» por medio de una gestión macroeconómica que mitigue la volatilidad, fomente la productividad y favorezca la inclusión, a través de dinámicas productivas para cerrar «brechas internas y externas».
Entre los aspectos que consideró debe incluir su propuesta de agenda de desarrollo social, están la eliminación de la pobreza, el hambre y la mal nutrición, y de las desigualdades entrecruzadas como las socioeconómicas, de género, étnico-raciales, territoriales y de edad.
También incluyó la universalización de la salud y la educación, el logro de la igualdad de género y la autonomía de las mujeres, el trabajo productivo y decente, y la construcción de sistemas universales de protección social.
