La disputa por el Tribunal Constitucional volvió a tensar a Varsovia, con choques entre el gobierno, la presidencia y la oposición conservadora. El conflicto arrastra años y sigue sin salida.
La última crisis constitucional de Polonia volvió a exhibir la fractura entre el gobierno proeuropeo y la oposición conservadora-nacionalista, con protestas y un nuevo pulso por el futuro del Tribunal Constitucional en Varsovia.
Un conflicto que arrastra años
La disputa más amplia sobre el estado de derecho en Polonia se remonta a 2015 y gira, sobre todo, en torno al Tribunal Constitucional. Antes de las elecciones parlamentarias de ese año, la mayoría centrista saliente nombró a cinco jueces para el tribunal.
Luego, el propio tribunal estableció que tres de esos nombramientos eran válidos y que dos eran inconstitucionales, porque las vacantes surgieron durante la siguiente legislatura. Tras llegar al poder, Ley y Justicia rechazó los nombramientos del gobierno anterior y designó a sus propios candidatos.
La controversia despertó preocupación en la Comisión Europea y pasó a ser un eje de la confrontación entre Varsovia y Bruselas sobre el estado de derecho. Tras la victoria parlamentaria de 2023 de la coalición liderada por Donald Tusk, el gobierno prometió restablecer la independencia judicial y resolver el conflicto del tribunal.
La elección de Karol Nawrocki en junio de 2025, con apoyo del PiS, abrió un período de convivencia difícil entre la presidencia y el gobierno.
Choque por los nuevos jueces
La tensión se intensificó después de resoluciones de instituciones europeas que cuestionaron la independencia del tribunal en su forma actual. En marzo, la cámara baja del Parlamento, el Sejm, eligió nuevos jueces, pero Nawrocki se negó a juramentarlos a todos.
Después, la Comisión de Venecia recomendó que los jueces pudieran asumir el cargo sin necesidad de prestar juramento presidencial.
El gobierno de Tusk sostiene que busca poner fin al estancamiento institucional y reformar el tribunal. Al mismo tiempo, simpatizantes de la derecha comenzaron a reunirse frente a la sede judicial en Varsovia para defender a los jueces nombrados durante los años de gobierno del PiS y frenar la intervención del Ejecutivo.
Las tensiones aumentaron tras el despliegue de policía alrededor del tribunal y las medidas adoptadas por autoridades judiciales y políticas que afectaron la dirección del organismo. Figuras destacadas del PiS y de la extrema derecha acusaron al gobierno de actuar de forma inconstitucional, mientras que sus partidarios defendieron las reformas como un intento de devolver legitimidad al sistema judicial.
Después, Nawrocki acudió al tribunal, donde los desacuerdos con los jueces recién elegidos elevó aún más la tensión.
Una disputa que llega a 2027
El presidente mantuvo consultas el 31 de octubre con los partidos políticos en busca de un compromiso, pero no hubo avances.
La Comisión Europea ha pedido avanzar en la salida del estancamiento judicial, mientras juristas, organizaciones civiles y dirigentes políticos siguen reclamando reformas para fortalecer la independencia de los jueces.
La polarización política complica cualquier acuerdo. La vida pública polaca sigue dividida entre la Coalición Cívica de Tusk y la derecha conservadora-nacionalista encabezada por Jaroslaw Kaczynski, con la izquierda en un papel marginal.
La disputa ocurre además a las puertas de las elecciones parlamentarias previstas para 2027, en medio de un reacomodo político en el que las alianzas dentro del campo conservador también están bajo presión.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
