En México aumentan las protestas por salud, agua, transporte, agricultura, maestros y hasta por la llamada Generación Z, mientras Claudia Sheinbaum mantiene una aceptación de 66% en promedios de encuestas, según el seguimiento de varias mediciones de aprobación.
Solo en Ciudad de México, la secretaría de Gobierno registró 3.277 protestas en lo que va de 2026, con un promedio de 11 al día, 18% más que en 2025. El dato convive con una presidenta que conserva mejor imagen que la mayoría de sus antecesores y de sus homólogos en la región.
Protestas sectoriales y desgaste limitado
Especialistas citadas en el texto sostienen que la inconformidad por un servicio o un conflicto puntual no equivale a un rechazo general al gobierno. Luz María Cruz plantea que una cosa es un movimiento ciudadano con exigencias difusas y otra un reclamo institucional con mecanismos contractuales. Viri Ríos afirma que, entre usuarios, la satisfacción con los servicios de seguridad social supera 81% y que solo 23% percibe como malo el sistema de salud, de acuerdo con una encuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (encuesta del IMSS).
En el caso de la salud, las protestas se explican por demandas salariales y por una disputa sindical. Ríos añade que las carencias del sistema arrastran décadas y que por eso muchas personas no responsabilizan directamente a Sheinbaum. La presidenta ha visitado hospitales y prometió: “Me canso ganso que vamos a modernizar todo el sistema de salud”.
Otro foco es Guadalajara, donde las quejas por la crisis del agua apuntan al gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, y a empresas acusadas de descargar agua contaminada. Sheinbaum criticó la represión de esas protestas, pidió rendición de cuentas y anunció un plan para financiar infraestructura y potabilización.
El texto también señala que Morena, el partido que la llevó al poder, nació como una fuerza de protesta contra la desigualdad, la exclusión y la corrupción, pero terminó convertido en parte del sistema que domina cargos de elección popular y ramas del Estado. Pese a eso, distintos colectivos siguen marchando por inseguridad, desaparecidos, feminicidios, corrupción o el agua, sin que esos reclamos se traduzcan automáticamente en un desgaste presidencial.
