Claves
- —La Justicia de Tierra del Fuego ordenó un allanamiento en el puerto de Ushuaia para permitir el ingreso de personal técnico ambiental.
- —El procedimiento comenzó a las 14 en el predio de la avenida Maipú 510 y fue encomendado a la Prefectura Naval Argentina.
- —La inspección apunta a residuos peligrosos, posibles derrames y registros de trazabilidad en sectores del puerto.
La Justicia de Tierra del Fuego ordenó este miércoles un allanamiento en el puerto de Ushuaia para garantizar el ingreso urgente de personal técnico de la Secretaría de Ambiente provincial, en medio de denuncias por bloqueos a las inspecciones de fiscalización ambiental.
El procedimiento comenzó a las 14 en el predio portuario de la avenida Maipú 510. La medida fue dictada por la jueza de instrucción 2, María Cristina Barrionuevo, en el marco de la causa 42.281/2026, abierta tras una denuncia formal de la Fiscalía de Estado.
La orden judicial y el operativo en el puerto
Según la acusación, funcionarios provinciales enfrentaron impedimentos reiterados para acceder al puerto y hacer tareas de auditoría entre agosto y octubre. Ante esa repetición, el juzgado autorizó el registro oficial y delegó el operativo en la Prefectura Naval Argentina.
La resolución también habilitó el uso de la fuerza pública, aunque solo en casos de estricta necesidad para asegurar el cumplimiento de la manda judicial.
Qué buscan revisar los inspectores
El foco de la inspección técnica se centró en los muelles Comercial y de Catamarán, la Plazoleta Fiscal y el Taller Mecánico, además de otras zonas de almacenamiento, relleno y sistemas de drenaje pluvial señaladas en la orden.
Los peritos buscan determinar la presunta presencia de residuos peligrosos, revisar sus condiciones de conservación y verificar los registros de trazabilidad. También inspeccionan posibles derrames o filtraciones vinculadas al mantenimiento de embarcaciones que puedan poner en riesgo el recurso hídrico local.
El dictamen judicial aclaró que los antecedentes reunidos hasta el momento no acreditan por sí mismos una contaminación actual en el predio. La urgencia, según esa decisión, radica en transparentar la gestión de los residuos y destrabar el poder de policía del Estado.
Con el acceso de los inspectores ya garantizado por el allanamiento, la investigación continuará para establecer la responsabilidad de las autoridades portuarias en el presunto ocultamiento y la obstrucción de los controles públicos.
