La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado la violencia policial en Perú durante las manifestaciones tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo. En un informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú, el organismo ha asegurado que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales» en Ayacucho y ha pedido una investigación con un enfoque étnico-racial.
La CIDH también se ha referido a los sucesos de Juliaca, donde 17 manifestantes murieron en enfrentamientos con la Policía. Durante su investigación, que cubre el período entre el 7 de diciembre y el 23 de enero, la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos.
La CIDH ha pedido al gobierno de Dina Boluarte que investigue estos casos de uso excesivo de la fuerza y haga lo posible por reparar a las víctimas. Además, ha detallado una serie de acciones que, a su entender, deberían tomar las autoridades para superar la crisis en el país, siendo la primera el diálogo con las partes afectadas, y en especial con los grupos indígenas, que reclaman una mayor participación política.
En su informe, la comisión destaca que el descontento social no es un hecho aislado, sino que tiene sus raíces en la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país. Las protestas sociales en Perú se desataron en diciembre después del autogolpe fallido de Castillo, y contra el gobierno de la que fue su vicepresidenta, Dina Boluarte. Durante los sucesos, dejaron un saldo de más de medio centenar de muertos y miles de heridos.
