La protesta del 11 de noviembre nace por la crisis de vivienda y suma a los sindicatos mayoritarios. Sus promotores la presentan como una respuesta al rentismo y al malestar social.
La huelga general convocada para el próximo miércoles en España rompe varios moldes a la vez: la impulsa un movimiento de inquilinos sin capacidad legal para hacerlo por sí solo, se centra en la vivienda y llega con el respaldo de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO. La iniciativa ha sido defendida por sus promotores como una respuesta a una crisis que, según sostienen, ya desborda el terreno laboral.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, sostiene que la movilización nace de la ola de indignación que siguió al desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, y a las protestas que se extendieron después. También la vincula con la acampada en Sol y con el rechazo legislativo a los llamados decretos Maricarmen impulsados desde el poder ejecutivo. La huelga está llamada a coincidir con un momento político de alta tensión, después de que Pedro Sánchez adelantara la convocatoria de elecciones generales al 29 de noviembre.
Una huelga nacida de la crisis de la vivienda
La iniciativa partió del Sindicato de Inquilinas, pero fueron UGT y CC OO quienes asumieron la cobertura formal de la convocatoria. Valeria Racu explica que esa combinación permitió convertir una demanda surgida en la calle en una huelga general con respaldo sindical. Unai Sordo, secretario general de CC OO, afirma que los sindicatos llevaban meses hablando con las organizaciones de inquilinos y observando una conflictividad creciente.
Sordo sitúa el punto de inflexión en las manifestaciones masivas que siguieron al desahucio de Maricarmen Abascal, fallecida 15 días después de haber sido desalojada de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas. Según su relato, la asistencia a esas marchas mostró que el problema de la vivienda tenía un alcance transversal. Pepe Álvarez, líder de UGT, hace una lectura similar: dice que las movilizaciones les interpelaron y que los órganos de los sindicatos decidieron abrir un proceso de cobertura de la huelga general.
Los dirigentes sindicales también sostienen que el problema ha dejado de ser solo una cuestión de alquileres. Sordo afirma que el precio de la vivienda se come el salario de mucha gente y agrava una fractura social que afecta de forma desigual según el territorio y la edad. Álvarez añade que la patronal reconoce dificultades para encontrar personal en zonas donde el alquiler resulta inasumible, como Baleares o ciudades como Málaga.
Contra el rentismo, los gobiernos y el pulso político
Racu define la huelga como una acción contra el rentismo, la patronal y todos los gobiernos, de cualquier color, a nivel central, autonómico y local. A su juicio, la consigna es clara: la protesta va por la vivienda, las pensiones, los salarios y los servicios públicos. En esa misma línea, sostiene que la herramienta más potente de la gente común es la huelga general.
En los sindicatos mayoritarios, sin embargo, el encuadre es más matizado. Álvarez recuerda que, en estos ocho años, no convocaron una huelga general y defiende que el salario mínimo subió un 66% y que cuatro millones de contratos temporales se transformaron en indefinidos, con el voto en contra del PP y de Vox. Aun así, admite que el Gobierno central también debe poner de su parte en esta nueva convocatoria. Sordo, por su parte, insiste en que no se trata de una huelga al uso porque no responde a una reforma laboral ni a una impugnación de la política económica reciente, sino a una disputa más amplia sobre el poder y la vivienda.
La convocatoria se produce además en medio de un debate político abierto. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, animó a participar en la huelga; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pidió a los sindicatos que la desconvocaran. La última huelga general en España fue en 2012, contra los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
En paralelo, los promotores insisten en que su alcance supera el enfrentamiento entre bloques partidistas. Racu afirma que la movilización no va solo contra un gobierno concreto, sino contra un modelo que, según ella, ha protegido el rentismo. Sordo resume esa idea al decir que en España el poder está muy diseminado y que ninguna administración queda al margen del problema de la vivienda.
Un clima social que desbordó la calle
El punto de arranque de la protesta estuvo en la calle. Las masivas manifestaciones tras el desahucio y la acampada en Sol alimentaron la idea de que el descontento por la vivienda podía convertirse en una convocatoria de mayor alcance. Según Sordo, los dos ríos —el sindical y el de las organizaciones de inquilinos— acabaron confluyendo en una decisión heterodoxa, pero posible.
Racu va un paso más allá y presenta ese proceso como una demostración de fuerza social. En su visión, la respuesta al desahucio y a la presión por cambios legislativos mostró que la organización ciudadana puede imponerse sobre políticos, rentistas, jueces y policías. Esa lectura sostiene el carácter excepcional de una huelga que, por su origen, su objeto y sus apoyos, pretende marcar un punto de inflexión en el conflicto por la vivienda en España.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
