Un grupo de alcaldes, parlamentarios y gobernadores empuja cambios para permitir postulaciones entre cargos electivos con una renuncia previa de seis meses.
Un grupo de alcaldes, parlamentarios y gobernadores de Chile empuja una reforma constitucional para flexibilizar las inhabilidades entre cargos de elección popular y habilitar candidaturas cruzadas con una renuncia previa de seis meses. La propuesta, que aún se redacta, busca abrir competencia entre autoridades comunales, regionales y legislativas.
La reforma que buscan llevar al Congreso
La iniciativa permitiría que alcaldes, concejales, gobernadores, cores y parlamentarios puedan postular a otros cargos electivos, siempre que renuncien seis meses antes de la elección. Sus promotores la presentan como una fórmula de “competencia total” para hacer más abierto el sistema político.
Entre los impulsores figuran Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar; Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados; Alejandro Santana, presidente de Agorechi y gobernador de Los Lagos; además de legisladores de sectores oficialistas y opositores.
La propuesta también contempla que los jefes comunales puedan seguir su carrera municipal postulando por otra comuna, en un contexto en el que alcaldes y diputados están limitados a 12 años en el cargo. Según el texto en discusión, la jurisprudencia constitucional vigente impide que un parlamentario, alcalde, concejal, core o gobernador eluda ese tope cambiando de zona de postulación.
Algunos diputados, además, han pedido elevar el límite de reelección a 16 años, equivalentes a cuatro períodos de cuatro años, para homologarlo con el máximo que hoy tienen los senadores, de dos mandatos de ocho años.
Las gestiones políticas y los plazos en discusión
Los promotores ya informaron de sus conversaciones a Claudio Alvarado y José García Ruminot, quienes no pusieron reparos, según la versión entregada por los impulsores de la reforma. Incluso, Alessandri y Santana se reunieron con García el 30 de septiembre para pedir respaldo gubernamental.
Santana dijo que es partidario de mantener el límite a la reelección, pero con flexibilidad para que un diputado pueda optar a otro cargo o un alcalde pueda buscar otro puesto de elección popular. A su juicio, existe “harto consenso” en esa dirección.
La primera señal pública de esta negociación la dio Paulina Núñez, invitada a sumarse a las conversaciones, cuando comentó en una entrevista que existe un proyecto sobre inhabilidades que busca que todas las autoridades elegidas democráticamente puedan competir por otros cargos electivos. También señaló que hoy los legisladores no pueden renunciar a su escaño, salvo por razones de salud, para postular a una alcaldía o una gobernación regional.
Núñez añadió que se evalúa acortar de un año a seis meses el plazo de renuncia que hoy se exige a alcaldes y gobernadores para competir por un escaño en el Congreso. Si la iniciativa termina habilitando la renuncia de los parlamentarios, también se les aplicaría el mismo plazo.
En caso de vacante parlamentaria, dijo que seguiría vigente el mecanismo constitucional de reemplazo por el partido que llevó al legislador como candidato.
La senadora también sostuvo que este tipo de cambios debería tramitarse lo más lejos posible de una elección. “Si esto vuela, ojalá que vuele de aquí a marzo”, afirmó, al señalar que después de ese plazo la iniciativa perdería impulso.
Jaime Araya, que ya presentó en 2025 una reforma constitucional en esta línea, sostuvo que la propuesta busca “desatar la competencia” y terminar con lo que llamó protecciones electorales construidas entre parlamentarios, gobernadores y alcaldes. A su juicio, la ciudadanía debería decidir en una competencia abierta.
Mientras tanto, las bancadas de derecha estudian fórmulas para reducir el número de diputados y ampliar los distritos, y desde la oposición también surgen voces que plantean terminar con los pactos electorales.
La propuesta aún está en fase de redacción y revisión, pero sus impulsores esperan presentarla antes del receso veraniego de febrero y lograr una nueva legislación a más tardar en marzo.
Los tiempos legislativos que complican la tramitación
El plan deberá sortear primero el ambiente de crispación política por la inminente acusación constitucional contra Fernando Rabat y la tramitación de la Ley de Presupuestos, que absorbe el trabajo parlamentario hasta fines de noviembre.
En ese escenario, los promotores de la reforma intentan consolidar apoyos para una modificación que cambiaría las reglas de postulación entre cargos electivos en Chile y que, por ahora, avanza entre conversaciones reservadas, respaldos parciales y plazos ajustados.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
