La bancada de la UDI pidió en la discusión del Presupuesto 2027 reducir a mil pesos los 771,6 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda destinó al Consejo de Asignaciones Parlamentarias, organismo que lleva casi ocho meses sin integrantes en ejercicio.

El consejo no sesiona desde el 10 de marzo de este año, cuando realizó su última reunión. Su tarea es regular el uso de los recursos fiscales que reciben senadores y diputados para su labor institucional, entre ellos contratación de personal, gastos de oficina y arriendo de sedes.

Un organismo sin consejeros y con presupuesto en disputa

La propuesta para renovar a los cinco miembros del consejo ya había sido aprobada por el Senado, pero el proceso quedó frenado por la resistencia de diputados que amenazaban con rechazar los nombres. Para la aprobación se requiere el respaldo de tres quintos de la Cámara, es decir, 93 votos.

En ese escenario, el subjefe de la bancada UDI, Sergio Bobadilla, presentó una indicación para llevar el financiamiento del organismo a solo mil pesos. Como el monto fue catalogado como gasto variable, en teoría puede rebajarse al mínimo permitido durante la tramitación presupuestaria.

Más del 91% del presupuesto anual del consejo, incluido en la Partida del Congreso Nacional, corresponde a gastos de personal. De ese total, 255 millones de pesos son dietas de los consejeros, un gasto que hoy no se ejecuta porque el organismo sigue sin cabeza.

La renovación sigue trabada en la Cámara

La nómina acordada por una comisión bicameral incluyó a Jaime Quintana y Rafael Prohens, además de Matías Acevedo, Roberto Zahler y María Graciela Brantt. Esa propuesta obtuvo 33 votos a favor y 8 abstenciones en el Senado el 22 de septiembre, pero en la Cámara el panorama cambió.

Varios diputados quedaron molestos porque la comisión dejó fuera a Daniel Melo, Leonardo Soto, Jorge Rathgeb y Hugo Rey. A eso se sumó que los senadores Arturo Squella y Vanessa Kaiser se abstuvieron cuando la nominación llegó a Sala.

También pesó un factor judicial: la Fiscalía de Copiapó mantiene una investigación abierta por una denuncia de presunto cohecho, presentada por una empresa de Atacama, que salpica a Prohens. Además, un informe del Comité de Auditoría señaló que el año pasado el Ministerio Público pidió información sobre ese caso.

Ante la falta de apoyos, la Mesa de la Cámara resolvió no someter por ahora la propuesta a votación. Mientras tanto, sigue operando el Comité de Auditoría, encargado de fiscalizar el cumplimiento de las instrucciones del Consejo de Asignaciones.

Si la definición vuelve a postergarse, en la Cámara y el Senado ya hay voces que plantean una reforma para suprimir el organismo, justo porque la fiscalización de los recursos continúa por otra vía.

La votación quedó en pausa

La discusión dejó al consejo en una situación de parálisis institucional y convirtió su financiamiento en un punto de choque político dentro del Congreso. La UDI empuja el congelamiento presupuestario; otros sectores insisten en resolver primero la integración del organismo.