A pocos días de haber iniciado el año escolar en Inglaterra, el príncipe Harry y Meghan Markle tomaron la decisión de cambiar a sus hijos de centro educativo. La mudanza familiar al área rural de los Cotswolds, llevada a cabo tras su retorno al Reino Unido el pasado 26 de agosto, se encontró de inmediato con un obstáculo logístico de peso: la considerable distancia hasta la escuela privada, cuyo nombre permanece bajo reserva, y el tráfico denso de la ruta encendieron las alarmas de su equipo de protección.
Tensión institucional y seguridad oficial
Este repliegue en el ámbito escolar coincide con un escenario de alta tensión con la corona británica. La comisión encargada de supervisar la seguridad de la realeza y figuras públicas (Ravec) se reunió para analizar el nivel de protección policial que precisa el núcleo familiar, un litigio que persiste desde que renunciaron a sus deberes reales en 2020 y se instalaron en Estados Unidos.
Pese a que actualmente se apoyan en escoltas de carácter privado, el duque mantiene su demanda al Gobierno británico para que se le restituya la custodia oficial. La controversia transcurre en paralelo a una fría distancia institucional, marcada por una carta enviada a comienzos de septiembre en nombre del rey Carlos III que ratificó la postura de la monarquía: para la institución, Enrique y Meghan continúan operando estrictamente como ciudadanos a título privado.
