La acusación terminó de presentar sus elementos en el juicio por presunto tráfico de influencias ligado a una acción de protección de Guadalupe Llori. Las defensas comienzan el 22 de octubre.
La Fiscalía de Ecuador concluyó el miércoles 21 de octubre de 2026 la presentación de sus pruebas en el juicio por presunto tráfico de influencias contra los exvocales del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, y el exjuez Vladimir Jhayya. La audiencia se realizó en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, y las defensas fueron convocadas para comenzar su exposición el jueves 22 de octubre a las 08:30.
La acusación expuso pruebas durante tres jornadas
El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, presentó testimonios, peritajes y documentos durante tres días de audiencia, iniciada el lunes 19 de octubre. La Fiscalía sostuvo que Barreno y Morillo habrían actuado como coautores y Jhayya como cómplice.
En la tercera jornada, la Fiscalía desistió de recibir 42 testimonios de policías, exfuncionarios judiciales y particulares, y expuso su prueba documental durante casi dos horas. Luego de que las defensas formularan objeciones y Alarcón respondiera, la audiencia fue suspendida cerca del mediodía.
La acusación había anunciado inicialmente el testimonio de 27 personas, la intervención de 24 peritos y 17 pruebas documentales. En las jornadas de juicio, según el recuento presentado, declararon siete testigos y tres peritos.
El caso gira en torno a una reunión de junio de 2022
La Fiscalía investiga una reunión que, según su teoría, ocurrió el 2 de junio de 2022 en un edificio del norte de Quito. En ella se habría conversado sobre una acción de protección presentada por Guadalupe Llori, entonces presidenta de la Asamblea, para evitar su salida del cargo.
La acusación sostiene que Morillo, quien entonces presidía de forma encargada la Judicatura, convocó el encuentro con Barreno, Jhayya y otros jueces. Maritza Romero, jueza de la Corte de Pichincha, habría grabado la reunión. Su testimonio anticipado, rendido en 2023, fue reproducido en la sala durante cerca de dos horas.
En la grabación, según el contenido expuesto en el juicio, se escucha a Morillo referirse a una solicitud para apoyar la acción de protección y decir que el entonces presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, lo había llamado personalmente. La investigación se inició el 15 de junio de 2022, después de que se conociera el audio filtrado.
Durante la audiencia también declararon Rocío Salgado, recepcionista del edificio; Lucy Chiriboga, propietaria de la oficina 1201; y Antonio Sosa, administrador del inmueble. Andrea Bravo, quien era secretaria general del Consejo de la Judicatura cuando ocurrieron los hechos, afirmó ante el tribunal que Morillo quedó como presidente encargado entre el 1 y el 2 de junio de 2022. También indicó que ese día se convocaron dos sesiones del pleno, a las 09:00 y a las 10:00, y que Morillo y Barreno llegaron tarde a la segunda.
Los procesados enfrentarán ahora sus defensas
La Fiscalía acusa a Barreno y Morillo como coautores, y a Jhayya como cómplice, del delito de tráfico de influencias. La acusación se basa en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal y en el artículo 42.3. El material presentado en el juicio señala que la pena prevista para el delito va de tres a cinco años de prisión.
La Procuraduría General del Estado actúa como acusadora particular. Con el cierre de la presentación de pruebas de la Fiscalía, corresponde a las defensas exponer los elementos con los que buscan sostener que sus representados no incurrieron en una infracción penal.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
