Organizaciones de exiliados venezolanos en Estados Unidos exigieron este lunes al gobierno estadounidense evitar una «persecución dirigida contra la comunidad venezolana», luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le disparara a un migrante en la ciudad de Austin, en el estado de Texas.
La Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) y Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) manifestaron su rechazo absoluto tras el ataque armado que sufrió Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años. El hecho ocurrió este domingo mientras la víctima laboraba como repartidor para la plataforma digital de entrega de comida.
Rechazo al hermetismo y exigencia de respuestas
De acuerdo con el relato del concejal de Austin Mike Siegel, quien acudió al sitio del suceso, un agente del ICE descendió de una camioneta sin identificación y abrió fuego contra el automóvil que conducía Garcés Pérez mientras se encontraba estacionado.
Las agrupaciones defensoras calificaron como «insuficiente» la respuesta emitida por el Departamento de Seguridad Nacional, el cual indicó que la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional lidera las pesquisas con el respaldo del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Los voceros criticaron que la investigación avance mientras se mantiene oculto el sitio de reclusión del connacional y se bloquea el acceso a sus familiares.
Ante esta situación, hicieron un llamado urgente al secretario de Estado, Marco Rubio, para que intervenga de manera pública en defensa de los derechos fundamentales de los venezolanos y demande informes inmediatos al Gobierno federal sobre el estado de salud y paradero del afectado.
Antecedentes de violencia y llamado a la transparencia
El incidente en Texas se suma a una serie de hechos violentos registrados este año. Los reportes contabilizan más de 10 tiroteos perpetrados por agentes migratorios en el transcurso del periodo, con un saldo de cuatro fallecidos, entre ellos los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minnesota, además del mexicano Lorenzo Salgado en Texas y el colombiano Johan Sebastián Durán en Maine.
Ante este contexto, las asociaciones de la diáspora respaldaron las solicitudes de congresistas federales para llevar adelante una indagatoria independiente, transparente e imparcial, que incluya la preservación y divulgación de las grabaciones de cámaras corporales y comunicaciones operativas.
