La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 10 personas vinculadas al Tren de Aragua (TdA) por su participación en un esquema de fraude que afectó a cajeros automáticos en ese país. Según el reporte oficial, los delincuentes utilizaron malware para obligar a los dispositivos a dispensar efectivo sin autorización, y luego blanquearon los fondos a través de transacciones con criptomonedas y transferencias a miembros de la organización en varios países.

El método: «jackpotting» en cajeros automáticos

El Departamento del Tesoro detalla que el ataque, conocido como jackpotting, consiste en instalar malware en los cajeros para forzar la dispensación de efectivo sin registrar cargas en las cuentas. Los delincuentes acceden físicamente a los dispositivos, activan el software de forma remota y extraen el dinero hasta agotar el efectivo o hasta que la operación sea interrumpida.

Las ganancias, según el informe, se transfieren entre miembros del TdA para ocultar su origen ilícito, utilizando también transacciones con criptomonedas. El Tren de Aragua ha sido identificado como una organización delictiva transnacional por el Departamento de Estado de EE.UU. desde febrero de 2025, y la Ofac ya lo había sancionado en julio de 2024.

El esquema es liderado por Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias Prometeo, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Prometeo es acusado de crear el malware utilizado en los ataques y de liderar una conspiración internacional para robar millones de dólares a instituciones financieras estadounidenses. Además, se le vincula con el uso de criptomonedas para blanquear las ganancias.

Los sancionados y sus cargos

Junto a Prometeo, la Ofac sancionó a otros nueve miembros del TdA, entre ellos Juan Gabriel Rivas Núñez (Juancho), un líder de alto rango que opera en varios países de Sudamérica y dirige actividades como la minería de oro, el narcotráfico y el crimen violento. Rivas fue acusado en diciembre de 2025 por conspirar para brindar apoyo material a la organización.

Otros sancionados son Carlos Javier Martínez Armenta, Alejandro Mejía Castillo, José Darío Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cárdenas Arzola, Óscar Leonardo Martínez Pirona y Anthony Wuiliam Hernández Guerrero. Todos están acusados de delitos como apoyo material a una organización terrorista, robo bancario, blanqueo de dinero, fraude bancario y acceso no autorizado a sistemas informáticos protegidos. Las penas máximas por estos cargos oscilan entre 20 y 335 años de prisión.

Carlos Javier Martínez Armenta está vinculado directamente con Héctor Rusthenford Guerrero Flores (Niño Guerrero), exjefe del TdA, abatido en junio de 2025 en el estado Bolívar. Por su parte, Óscar Leonardo Martínez Pirona, dueño de una empresa en México llamada Enigma Community, habría realizado transacciones con Jimena Romina Araya Navarro, previamente sancionada por la Ofac por su apoyo al TdA.

Aslhy Javier Galeano Basurto, otro de los sancionados, fue detenido en 2017 en EE.UU. bajo sospecha de manipular cajeros automáticos. En su arresto, se le encontraron drogas y mochilas con grandes sumas de dinero en efectivo.

Consecuencias de las sanciones

Las sanciones implican que todos los bienes e intereses patrimoniales de los sancionados en EE.UU. o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la Ofac. Además, cualquier entidad que sea propiedad en un 50% o más de una o más personas bloqueadas también queda sujeta a las restricciones.

El Departamento del Tesoro advierte que las violaciones a estas sanciones pueden acarrear multas civiles o penales para personas estadounidenses y extranjeras. Las medidas forman parte de una campaña del gobierno de EE.UU. que, desde 2025, ha tomado más de 30 acciones contra más de 300 personas y entidades vinculadas a organizaciones criminales transnacionales.