Titulo Mejorado: Prisión preventiva para dos venezolanos implicados en el asesinato de un policía en Chile
La Justicia chilena ha decretado prisión preventiva para los tres sospechosos detenidos hasta el momento por el asesinato del efectivo de Carabineros, Daniel Palma, el pasado jueves. Entre los implicados se encuentran dos ciudadanos venezolanos. Este es el tercer agente que fallece en las últimas tres semanas durante operaciones rutinarias por acción de terceros.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó la medida cautelar durante la noche del jueves, imponiendo un plazo investigativo de seis meses. Actualmente sigue prófugo un grupo de tres personas que supuestamente también estuvieron involucrados en el homicidio.
Luis Lugo Machado, ciudadano venezolano, es señalado como el presunto autor material del asesinato de Palma, mientras que su compatriota Ovimarlixion Garcés Briceño habría ocupado uno de los puestos en el vehículo utilizado en el crimen.
Durante la audiencia, la jueza Pilar Ahumada expresó que «la medida cautelar de prisión preventiva es la única proporcional a los hechos en materia de formalización, decretando por tanto la prisión preventiva de los imputados, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad». La magistrada hizo hincapié en la gravedad del acto criminal.
Los detenidos enfrentan cargos por los delitos de homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado, robo con intimidación, robo con retención, porte ilegal de arma y receptación de vehículo motorizado.
Hasta la fecha, el personal de Carabineros mantiene un fuerte despliegue en la Región Metropolitana tratando de dar con el paradero de los prófugos.
Este suceso ha generado conmoción entre la población y las autoridades. Es por ello, que el presidente Gabriel Boric se apresuró a promulgar la llamada «ley Naín-Retamal», proyecto tramitado en tiempo récord por el Congreso que da más libertad a los policías para el uso de armas de fuego. Esta iniciativa ha suscitado críticas de organismos internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas por «no ajustarse al derecho internacional». Mientras, algunos miembros del oficialismo la tachan de ser una opción de «gatillo fácil».
