Caracas. Al menos seis trabajadores de Zaituna Café renunciaron luego de que el pago de la quincena del 30 de junio les llegara recortado a la mitad, en medio de denuncias de amenazas de despido tras los sismos del 24 de junio.
La quincena llegó con un recorte de 50 %
Los afectados aseguraron que siguieron laborando desde el 25 de junio y durante los días posteriores al doble sismo, incluso en la sede de Los Palos Grandes, donde dijeron que la actividad no se detuvo.
Héctor*, nombre ficticio por temor a represalias, contó que revisó su cuenta el 30 de junio y vio depositada solo la mitad de su quincena. Según relató, al reclamar obtuvo como respuesta que hablarían con ellos al día siguiente, pero eso no ocurrió de inmediato.
Luego se trasladaron a la sede principal en El Rosal, donde fueron atendidos por la encargada de Recursos Humanos, el gerente general y uno de los dueños. Allí, de acuerdo con tres extrabajadores, les dijeron que por el cierre de algunas sedes y la situación del país no podían cancelarles el sueldo completo y que, al menos hasta diciembre, seguirían pagando solo 50 %.
Los trabajadores rechazaron esa versión y aseguraron que varias sedes permanecían abiertas, mientras las ventas incluso habían subido porque había pocos restaurantes operativos.
Amenazas, renuncias y una respuesta empresarial
Según los denunciantes, también hubo amenazas para impedir que hablaran. Aseguraron que les advirtieron que serían demandados si publicaban algo en redes o declaraban a los medios.
En redes sociales se filtraron dos videos de la reunión:
Tras la presión y la falta de pago completo, seis trabajadores de la sede de Los Palos Grandes renunciaron. Después, la empresa les depositó la totalidad de la quincena.
Elizabeth* relató que la llamaron a una reunión privada y le ofrecieron pagarle el sueldo completo si aceptaba quedarse. Dijo que a ella y a otras dos personas les plantearon que eran “los elegidos” para recibir el 100 %, mientras al resto solo le correspondería 50 %.
La empresa, por su parte, emitió un comunicado en redes sociales en el que rechazó los señalamientos, negó haber terminado la relación laboral de algún trabajador y calificó las denuncias como una campaña de difamación. También dijo que se reserva el derecho de ejercer acciones legales.
La lectura legal de la especialista
Maryolga Girán, especialista en derecho laboral y profesora de relaciones sociolaborales de la Facultad de Relaciones Laborales de la UCAB, explicó que la fuerza mayor puede ser una causa de suspensión del trabajo, pero aclaró que eso no elimina el deber patronal de pagar el salario ni detiene las prestaciones sociales.
La jurista sostuvo que el trabajador no está obligado a prestar servicio en esas circunstancias, aunque el impacto depende de si la empresa tiene capacidad para seguir pagando o si perdió solvencia para cubrir la nómina.
Girán advirtió que el país enfrenta una situación comparable con la del deslave de Vargas en 1999 y con los cierres derivados de la pandemia, cuando muchas personas no pudieron acudir a sus puestos. “Hoy estamos ante una magnitud de tragedia que no alcanzábamos a imaginar”, dijo.
*La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad.
