El gobierno de Cuba publicó este miércoles una nueva Ley de la Vivienda que elimina la confiscación de inmuebles a los ciudadanos que abandonen definitivamente el país y otorga el reconocimiento legal para poseer hasta dos propiedades, modificando el marco legal vigente desde 1988.

La legislación, identificada como Ley 187, comenzará a regir el próximo 21 de octubre. Su alcance comprende la regulación de la propiedad, la construcción, la rehabilitación, la compraventa, la donación, la permuta, la herencia y el arrendamiento de bienes inmuebles. El texto fue aprobado el pasado mes de julio por la Asamblea Nacional como parte de un conjunto de reformas orientadas al ámbito económico y social.

Flexibilización del mercado y nuevas figuras jurídicas

Dentro de los cambios más significativos se encuentra la supresión del plazo de un año que tenían los herederos para notificar el inicio de los trámites de adjudicación de una vivienda que hubiera quedado desocupada. Asimismo, la normativa otorga mayor flexibilidad a las transacciones inmobiliarias al permitir a los propietarios ceder, donar, permutar o transmitir partes de sus inmuebles con menores trabas administrativas.

Los contratos de compraventa también experimentan modificaciones, permitiendo que las condiciones sean pactadas de forma libre entre los involucrados, al tiempo que se incorporan los contratos de comodato. Por otro lado, la reforma abre espacio a la intervención de inmobiliarias y cooperativas en áreas de construcción, inversión y gestión habitacional, las cuales podrán financiarse mediante recursos propios, esquemas de colaboración o inversión extranjera, incluyendo además arrendamientos con opción de compra y servicios de asesoría.

Crisis habitacional y contexto económico

La modificación legislativa se enmarca en un paquete de 176 cambios económicos y sociales aprobados por las autoridades en junio con el propósito declarado de descentralizar la economía de la isla frente a la severa crisis que atraviesa.

A pesar de la flexibilización normativa, el déficit habitacional persiste como un desafío estructural en el país. Los datos oficiales señalan que la carencia supera las 800.000 viviendas, una situación agravada a lo largo de décadas por la escasez de mantenimiento, el deterioro acumulado del parque inmobiliario y las consecuencias de desastres naturales.