La Cámara de Representantes de los Estados Unidos celebró la audiencia “Derechos humanos en Venezuela: situación y oportunidades”, organizada por la Comisión Tom Lantos, en el Capitolio de Washington D.C. El evento, transmitido en vivo por YouTube, reunió a activistas venezolanos y representantes de ONG que expusieron ante los congresistas James P. McGovern, Debbie Wasserman y Chris Smith que las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela persisten tras la captura de Nicolás Maduro por parte de la administración de Donald Trump el 3 de enero.

Entre los testigos se destacó la directora de Justicia Encuentro y Perdón, Martha Tineo, quien denunció las condiciones de reclusión que vulneran cualquier estándar de dignidad humana, la falta de atención médica y la desnutrición de los 518 privados de libertad por razones políticas. Tineo también señaló que, tras el terremoto del 24 de junio, los presos fueron evacuados a espacios abiertos y obligados a regresar a áreas comprometidas sin inspecciones.

Condiciones carcelarias

La situación en las cárceles venezolanas se describe como una “crimen de lesa humanidad” por la política de Estado. La Ley de Amnistía aprobada el 19 de febrero exoneró a 795 personas, pero la mayoría salió con libertad condicional y las leyes restrictivas del espacio cívico, como la Ley contra las ONG, siguen vigentes.

Recomendaciones y peticiones

Los activistas instaron a los legisladores a apoyar la liberación plena de todos los presos políticos civiles y militares, a establecer registros independientes y verificables de los afectados, a derogar las leyes inconstitucionales y a desmontar el aparato represivo para avanzar hacia una transición democrática genuina. Isabel Carlota Roby del Robert F. Kennedy Human Rights Center subrayó que “no habrá justicia sin una transición democrática” y llamó a que EE. UU. decida qué proceso apoyar.

Laura Cristina Dib de WOLA enfatizó que el futuro de los venezolanos debe decidirse por el pueblo y que la cooperación económica debe beneficiar a la población y no a los “ricos empresarios petroleros”. Dib pidió al Congreso que solicite a la administración que utilice su compromiso con las autoridades venezolanas para apoyar medidas concretas, como la liberación incondicional de presos políticos, la derogación de la ley contra las ONG y el acceso completo a mecanismos internacionales de derechos humanos.

Los congresistas McGovern y Wasserman propusieron extender el TPS (Estatuto de Protección Temporal) para venezolanos y detener deportaciones, mientras que el republicano Chris Smith recordó que EE. UU. debe aprender de las lecciones de Obama y Biden para no avanzar contra el régimen autoritario de Maduro.