La COP30 cerró en Belém con dos hojas de ruta sobre energía y bosques. Pero su carácter voluntario deja dudas sobre cuánto podrán cambiar en la práctica.
Brasil presentó en Belém la primera hoja de ruta global para eliminar gradualmente los combustibles fósiles y acelerar la transformación de los sistemas energéticos, al cierre de la 30ª Conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30). También dio a conocer un plan de acción para detener y revertir la deforestación y la degradación de los bosques antes de 2030.
Los dos documentos responden al compromiso asumido en noviembre por André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, de reforzar el multilateralismo con medidas que pasen de las promesas a la ejecución. Al clausurar la cumbre, en la ciudad de Belém, Corrêa do Lago dijo a Reuters que las negociaciones no bastan si los acuerdos no se llevan a la práctica.
Una transición energética con reglas distintas para cada país
La presidencia de la COP30 afirma que las hojas de ruta fueron elaboradas tras consultar a distintos actores y autoridades de varios países. Ambos textos reconocen que las naciones no enfrentan la crisis climática con las mismas condiciones, ni con los mismos recursos, por lo que las medidas deben considerar diferencias de desarrollo, capacidad económica y responsabilidad histórica.
Aun así, la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles sostiene que dejar atrás el carbón, el petróleo y el gas es una transición inevitable, urgente y posible. El documento dice que el cambio energético ya está en marcha gracias al avance de las energías renovables, la electrificación y mejoras en eficiencia energética.
El plan plantea reducir de forma progresiva tanto la producción como el consumo de combustibles fósiles, mientras se amplían las fuentes de bajas emisiones. Su objetivo es evitar escasez de suministro y alzas descontroladas de precios durante la transición. Para eso, propone un Índice de Preparación para la Transición de Belém, pensado para que los gobiernos midan su exposición a los fósiles y sus capacidades para migrar hacia otros modelos energéticos.
El instrumento se apoya en tres ejes: la demanda en sectores como transporte, industria y ciudades; el ajuste de la producción de petróleo, gas y carbón conforme caiga el consumo; y el impacto económico, incluyendo la dependencia fiscal de esos ingresos, la inversión necesaria y la viabilidad del financiamiento.
Con base en ese diagnóstico, el índice busca perfilar distintas rutas de transición para que los Estados adopten medidas acordes con sus condiciones económicas, energéticas y sociales. La hoja de ruta también propone una agenda colectiva para coordinar y acelerar la salida de los fósiles durante esta década, con revisiones conjuntas de los avances y los obstáculos compartidos.
Bosques, financiamiento y una brecha de miles de millones
El segundo documento se centra en la deforestación y la degradación de los bosques. Su propuesta contempla etapas que van desde diagnosticar el estado de los ecosistemas e identificar las causas del deterioro hasta evaluar los avances y ajustar las medidas según los resultados.
Uno de sus puntos centrales es alinear políticas, instituciones y financiamiento. El texto sostiene que la falta de recursos es el principal obstáculo para proteger de forma efectiva los bosques y las áreas forestales. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el financiamiento para esos ecosistemas debe subir de 84,500 millones de dólares en 2023 a más de 300,000 millones anuales para 2030.
El mismo dato muestra una dependencia fuerte de fondos públicos nacionales: el 88.3% de los recursos procede de presupuestos internos, mientras que el financiamiento público internacional representa apenas el 3.4%. El peso de esa brecha recae sobre todo en países en desarrollo, donde se concentra buena parte de los bosques tropicales.
Para cerrar esa distancia, el documento revisa 30 mecanismos internacionales de financiamiento, entre ellos REDD+ jurisdiccional y el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). Además, plantea ampliar los recursos disponibles, facilitar el acceso y crear incentivos económicos para que países y comunidades obtengan beneficios por conservar y manejar de forma sostenible sus bosques.
Una salida sin obligación jurídica
La presidencia de la COP30 sostiene que estas hojas de ruta abordan dos de los principales motores del cambio climático: la energía, responsable del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, y la pérdida de bosques, que representa el 11%. También dice que ofrecen una forma práctica de traducir los acuerdos internacionales en políticas nacionales, inversiones y resultados medibles.
Pero la adopción de las propuestas es voluntaria y no establece obligaciones vinculantes. Cada país queda en libertad de evaluar su dependencia de los combustibles fósiles y escoger las medidas que considere necesarias para reducirla.
Joeri Rogelj, profesor de Ciencias y Políticas Climáticas del Imperial College de Londres, declaró a The Guardian que las hojas de ruta son valiosas, pero no aclaran el ritmo del cambio porque no incluyen cronograma ni indicadores clave. Pese a esa crítica, los representantes climáticos de Brasil insisten en que los documentos pueden acelerar la puesta en práctica de las decisiones ya adoptadas por consenso.
En un comunicado, la presidencia de la COP30 dijo que la tarea urgente es convertir esos compromisos en acción: proteger el clima, fortalecer la seguridad energética, mantener los bosques en pie y abrir oportunidades de desarrollo que beneficien a personas en todo el mundo.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
