A pesar de que el Partido Demócrata logró asegurar el control de ambas cámaras del Congreso en las recientes elecciones de medio mandato, expertos en comercio internacional y derecho coinciden en que no se producirán ajustes sustanciales en la política arancelaria de la administración de Donald Trump a corto plazo.
La estructura legal actual otorga una amplia autoridad al Poder Ejecutivo, lo que limita significativamente la capacidad de intervención directa del Legislativo sobre los gravámenes vigentes. Especialistas del Washington Council de Ernst & Young han enfatizado que el nuevo mapa político en el Capitolio no derivará en un desmantelamiento inmediato del esquema tarifario, ya que las competencias en materia de comercio exterior permanecen concentradas en la Casa Blanca.
Control de comisiones y fiscalización
La estrategia de la oposición se orientará hacia una supervisión exhaustiva mediante audiencias públicas, lideradas por instancias como la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. La dirigencia demócrata ha manifestado su intención de auditar el impacto de las tarifas en el costo de vida y en los gastos operativos de las pequeñas y medianas empresas.
Uno de los puntos de fricción es la revisión de normativas empleadas por el Ejecutivo para aplicar gravámenes punitivos, como el artículo 338 de la Ley Arancelaria de 1930. No obstante, juristas del bufete Wiley Rein y del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) advierten que cualquier intento de derogación formal enfrentará obstáculos procedimentales severos, dado que el Senado requiere mayorías cualificadas para revertir decisiones presidenciales.
