Los investigadores estadounidenses Josh Birenbaum y Susan Soh pidieron al gobierno de Estados Unidos detener de inmediato la importación y…
Los investigadores estadounidenses Josh Birenbaum y Susan Soh pidieron al gobierno de Estados Unidos detener de inmediato la importación y comercialización de oro ilícito proveniente de Venezuela, al advertir que la minería informal en el sur del país estaría en manos de grupos criminales y redes terroristas.
Minería ilegal con altos ingresos
En una columna publicada en el New York Post, los analistas adscritos al Centro sobre Poder Económico y Financiero de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD) sostuvieron que las flexibilizaciones de sanciones aprobadas por el Departamento del Tesoro a comienzos de año estarían permitiendo que empresas estadounidenses financien de manera indirecta a organizaciones como el Tren de Aragua o Hezbolá.
Según su planteamiento, la minería informal en el sur de Venezuela genera entre 10.000 y 12.000 millones de dólares al año, una cifra que, afirman, supera las ganancias del tráfico de drogas en la región. También señalaron que ese negocio tomó mayor valor tras el récord histórico de 5.400 dólares por onza alcanzado por el oro en enero pasado.
Redes criminales y rutas del metal
Birenbaum y Soh expusieron que el contrabando de oro ha reordenado las finanzas de las mafias latinoamericanas. Indicaron que grupos delictivos asentados en Colombia y Perú obtienen hoy más beneficios por la venta de oro ilegal que por la exportación tradicional de cocaína.
Los investigadores también describieron una red transnacional vinculada a esa actividad. Aseguraron que el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación obtiene ganancias millonarias al suministrar mercurio, arsénico y cianuro a minas sudamericanas, recursos que luego usaría para sostener sus operaciones en la frontera con Estados Unidos.
Además, afirmaron que cientos de millones de dólares en barras de oro de origen venezolano salen cada año hacia Turquía, donde serían utilizados como mecanismo para lavar dinero y evadir restricciones financieras por parte de los gobiernos de Rusia e Irán.
En el mismo análisis, advirtieron que el mineral extraído de forma fraudulenta habría llegado incluso a incorporarse en emisiones de monedas de la propia Casa de la Moneda de Estados Unidos, conocida como US Mint.
Señalamientos sobre el manejo del sector
Los autores sostuvieron que el esquema de opacidad en el negocio minero fue establecido durante el gobierno de Nicolás Maduro, cuando se decretó la apertura de una zona equivalente a la superficie de Portugal para el control de los carteles. Añadieron que la administración encabezada por Delcy Rodríguez mantiene las mismas redes de complicidad y aprobó en abril una reforma legal orientada a aumentar el secreto en los contratos mineros.
También denunciaron la permanencia de figuras de la gestión anterior dentro del aparato de contrainteligencia militar. Entre los casos mencionados, señalaron el de un coronel vinculado a la minería ilegal que habría canalizado capitales hacia Florida para comprar empresas comerciales mediante corporaciones de maletín.
Según su exposición, esos recursos minerales ya fueron utilizados en 2020 para adquirir bienes en Irán y para pagar presuntos sobornos a representantes políticos en Europa.
Propuesta de control en terreno
Ante lo que consideran una amenaza para la integridad del sistema financiero internacional, Birenbaum y Soh propusieron que el Congreso estadounidense obligue a designar un inspector general independiente en el terreno. Esa figura, indicaron, tendría la tarea de auditar de manera sistemática el origen de las transacciones y verificar que los fondos estadounidenses no terminen en manos de estructuras terroristas.
Al cierre de su planteamiento, citaron los lineamientos recientes del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre mantener una política de tolerancia cero frente al financiamiento de células extremistas, y defendieron que cualquier beneficio económico dependa de auditorías transparentes y del desmantelamiento de los campamentos mineros irregulares en el sur del país.
