La defensa del exviceministro venezolano alegó irregularidades en la instrucción y pidió tumbar la causa por supuestos sobornos en Caracas.
La defensa de Nervis Villalobos pidió este lunes ante la Audiencia Nacional que se anule el juicio por el caso Duro Felguera, en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita para él ocho años y nueve meses de cárcel por falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. “Soy inocente”, dijo ante el presidente de la sala, Alfonso Guevara.
La vista oral arrancó con el debate de las cuestiones previas. En este procedimiento se examina si la metalúrgica asturiana pagó comisiones y sobornos millonarios a funcionarios venezolanos para lograr la adjudicación de una central termoeléctrica en Caracas en 2009. Dos de los encausados ya han reconocido los hechos y alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público.
Las objeciones de la defensa
Los abogados de Villalobos sostuvieron que durante la instrucción hubo irregularidades y vulneraciones de derechos fundamentales. También plantearon que parte de los delitos atribuidos, entre ellos las falsedades documentales, habrían prescrito cuando la querella fue presentada en 2017 por los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa.
La defensa insistió además en que debe anularse la entrada y registro en Duro Felguera porque esa diligencia nació de la entrega anónima en la Fiscalía de un pendrive y una carta en la que se describían los presuntos sobornos. Según varios letrados, no hubo una custodia correcta de ese material ni consta su registro al llegar a Fiscalía, por lo que todo lo actuado después debería quedar sin efecto.
También reprochó al Ministerio Público que su escrito de acusación sea “insuficiente” y “no se entiende en absoluto”, al considerar que no concreta el papel de cada acusado, ni el alcance del presunto blanqueo, ni si actuaron como corruptores iniciales o como beneficiarios. Añadió que los hechos vinculados con la adjudicación de la planta ya fueron investigados en Venezuela y terminaron archivados.
Por su parte, la defensa de Javier Ochoa Alvarado, exviceministro de Electricidad, pidió subsanaciones en el escrito fiscal. Alegó que él no ha reconocido los hechos, aunque sí ha mantenido una “colaboración intensa” con el Ministerio Público, y sostuvo que el contrato para la central de Caracas fue consecuencia de un acuerdo entre los estados de España y Venezuela, sin concertación entre los encausados.
Para respaldar esa tesis, pidió citar como testigos a José Luis Rodríguez Zapatero y a Miguel Ángel Moratinos. El magistrado rechazó la petición de inmediato: “Si citamos al señor Moratinos y al señor Zapatero, se nos mueren”.
La defensa de Duro Felguera, por su parte, presentó una pericial sobre su sistema de cumplimiento y formuló dos cuestiones previas. Argumentó que el delito atribuido a la empresa se habría consumado en 2008, antes de la reforma legal de 2010 que abrió la vía a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y también planteó una posible prescripción.
La Fiscalía pide para la metalúrgica una multa de 160 millones de euros y la inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas, así como para contratar con el sector público durante dos años. El juicio seguirá el miércoles, con la respuesta del Ministerio Público a las cuestiones previas y las primeras declaraciones testificales.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
