Los calabozos policiales en Venezuela, concebidos estrictamente para un “resguardo temporal” de los detenidos, albergan en la actualidad una “red de cárceles paralelas” gestionada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), según reveló una reciente investigación.

Retraso procesal y falta de sentencias

Un informe difundido por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) detalla que la gran mayoría de las personas recluidas en estas dependencias supera largamente el tiempo estipulado para una permanencia transitoria, enfrentando graves retrasos judiciales y condiciones de reclusión prolongada.

“Una de cada tres personas lleva más de dos años detenida en los calabozos del CICPC. Pudimos cuantificar que 58% de la población recluida tiene más de un año detenida y 33,5% supera los dos años de privación de libertad”, señala el documento de la organización no gubernamental.

Asimismo, el registro puntualiza que 6.518 personas se encuentran en calidad de procesadas, mientras que apenas 896 cuentan con sentencia firme. Esto implica que 87,9% de toda la población recluida en calabozos del CICPC no posee una resolución judicial definitiva.

Población vulnerable y denuncias de extorsión

Entre los detenidos en espacios reducidos y sin la infraestructura adecuada figuran 914 mujeres (12,3% del total), de las cuales 766 están procesadas y 148 penadas. La ONG subraya que la situación de las mujeres resulta especialmente alarmante debido a la carencia de instalaciones adaptadas a sus necesidades específicas en los recintos policiales.

El informe también identificó a 17 adolescentes con edades entre los 14 y 17 años, así como a 181 personas mayores de 65 años. Ante este panorama, el director del OVP, Humberto Prado, enfatizó que los adultos mayores requieren atención médica permanente, tratamientos farmacológicos continuos y condiciones de habitabilidad adaptadas a sus necesidades físicas.

Adicionalmente, el organismo advierte que la precariedad de estos espacios —carentes de ventilación, agua potable y servicios médicos— “se ha prestado para que funcionarios extorsionen a los detenidos”, cobrando hasta 200 dólares a cambio de beneficios básicos como acceder a baños, duchas, dormir alejados de otros reclusos o recibir luz solar.