La reforma del sistema de justicia penal en Venezuela avanza entre dudas sobre su alcance real, denuncias de opacidad y resistencias dentro de los propios…
La reforma del sistema de justicia penal en Venezuela avanza entre dudas sobre su alcance real, denuncias de opacidad y resistencias dentro de los propios tribunales, en un proceso impulsado por el Gobierno de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello tras la intervención militar estadounidense del 3 de enero que sacó del poder a Nicolás Maduro.
Un proceso con reglas cambiantes
Casi seis meses después de ese giro político, la reestructuración judicial combina anuncios oficiales, consultas públicas y medidas de alto impacto, como la renovación exprés del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y una ley de amnistía que nació como el primer paso de la transición. Sin embargo, distintos abogados y actores judiciales describen un escenario marcado por decisiones improvisadas, falta de transparencia y prácticas que siguen reproduciendo la subordinación del sistema al Ejecutivo.
La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, resumió la magnitud del proceso al afirmar que está “que corre” y que la situación solo puede resolverse con coordinación y “puertas abiertas”. Aun así, dentro del sistema persiste la percepción de que las reglas no están claras y de que la reforma avanza en paralelo a viejos hábitos que no han desaparecido.
La amnistía y sus límites
La ley de amnistía expuso pronto esas tensiones. Aunque fue presentada como una pieza clave para la transición, su aplicación encontró obstáculos en jueces que se negaron a firmar excarcelaciones o que aplicaron medidas restrictivas de manera selectiva. La abogada penalista Magaly Vásquez consideró que la norma pudo haber tenido un efecto mayor, pero quedó corta y no favoreció a todas las personas alcanzadas por ella.
Según Vásquez, todavía hay personas sometidas a procesos judiciales y las debilidades reflejan la falta de autonomía del sistema. A su juicio, con jueces garantistas la misma ley habría sido interpretada de otra manera.
Nombramientos e irregularidades en el TSJ
Después de la amnistía, llegaron nuevos nombramientos en la cúpula institucional. Larry Devoe asumió como fiscal general en un entorno que ya venía marcado por la cooptación del aparato judicial, mientras González Lobato fue propuesta por la minoritaria bancada opositora en la Asamblea Nacional, un gesto que algunos sectores ven como una concesión limitada dentro de un proceso controlado por el chavismo.
La renovación de magistrados del TSJ también quedó envuelta en controversias. El comité de postulaciones se instaló sin tener claridad sobre cuántos cargos debía cubrir y, cuando el proceso ya estaba en marcha, se reformó la ley del tribunal para modificar la conformación de las salas y elevar el número de jueces de 20 a 32. El nombramiento ha sido prorrogado dos veces y continúa sin concretarse.
Para Vásquez, no puede hablarse de confianza institucional cuando las reglas cambian sobre la marcha. La abogada insistió en que no hay transparencia suficiente para sostener que el proceso sea creíble.
Reconocimiento de viejos vicios
El propio chavismo ha admitido públicamente algunas de las distorsiones que sostuvieron el sistema durante años. Diosdado Cabello aseguró haber depurado de los cuerpos policiales a 22.000 funcionarios involucrados en casos de corrupción. Delcy Rodríguez, por su parte, reconoció que la justicia penal se ha politizado, habló de jueces que cobran extorsiones por liberaciones y anunció la creación de una línea telefónica de denuncia, 0800-Extorsión, durante la apertura de la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal en Caracas.
Esos problemas, no obstante, han sido descritos de forma reiterada por organizaciones de derechos humanos como fallas estructurales del sistema, no como anomalías aisladas.
Cambios parciales en los tribunales
En el trabajo cotidiano de los juzgados, algunos abogados aseguran haber notado modificaciones después del cambio político del 3 de enero, más que por la reforma en sí misma. Entre esos cambios mencionan la posibilidad de juramentarse para defender a perseguidos políticos —cuando antes se les imponía defensa pública— y la opción de sacar copias de los expedientes. Omar Tosta, defensor de miembros del equipo político de María Corina Machado, afirmó además que el trato en los tribunales dejó de ser el mismo y que antes predominaba la grosería.
Sin embargo, Tosta denunció también el desmantelamiento silencioso de los cuatro tribunales de terrorismo con competencia nacional que operaban en Caracas. En el caso de los activistas vinculados con Machado, la defensa fue informada de que los expedientes habían sido trasladados a juzgados ordinarios en Barinas, a más de 500 kilómetros de la capital, pero al llegar allí les dijeron que los documentos no estaban.
Para el abogado, ese traslado dejó a las personas procesadas en un limbo que también constituye una forma de indefensión. Aunque la versión oficial habla de descongestionar los juzgados, esos tribunales fueron creados por resolución administrativa y no por ley, por lo que su existencia ha sido cuestionada por la defensa.
Debido proceso bajo presión
Joel García, otro penalista activo en la defensa de presos políticos, sostiene que los tribunales de terrorismo terminaron institucionalizando violaciones al debido proceso. Recordó que en otros países existen leyes antiterroristas, pero no una lógica que convierta casi cualquier conducta en terrorismo. En su visión, basta con ser disidente para enfrentar acusaciones sin una individualización clara de la participación de cada persona.
Entre las prácticas señaladas están las audiencias telemáticas de madrugada, realizadas sin defensores, y la presencia de jueces con gorras cuyo lema dice: “Dudar es traición”, una consigna adoptada por el chavismo después de las elecciones del 28 de julio de 2024.
El peso de la provisionalidad
Magaly Vásquez sostiene que una reforma real debería comenzar por garantizar estabilidad a los jueces. Desde 2003 se abandonaron los concursos de oposición para la carrera judicial y la mayoría de los cargos pasaron a ser provisionales. A eso se suma el llamado “efecto Afiuni”, vinculado con el encarcelamiento de la jueza María Lourdes Afiuni en 2009, luego de dictar una decisión contraria a las órdenes de Hugo Chávez.
Ese antecedente, según la abogada, dejó como resultado una generación de magistrados que aprendió que su permanencia depende de la sumisión al Ejecutivo. En medio de esa herencia, la reforma judicial sigue caminando entre anuncios de cambio y sospechas sobre su verdadera profundidad.
