El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) declaró el lunes 9 de junio que la exjueza María Lourdes Afiuni permanece en un…
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) declaró el lunes 9 de junio que la exjueza María Lourdes Afiuni permanece en un «limbo jurídico» y exigió una «resolución definitiva» que permita el restablecimiento pleno de sus derechos. La organización advirtió que cualquier proceso de reforma del sistema penal carece de credibilidad mientras casos como el de Afiuni no tengan una solución final.
Provea demanda cierre del expediente y restablecimiento de derechos
En un mensaje publicado en la red social X, Provea sostuvo que la consulta nacional sobre la reforma de la justicia penal anunciada por la «presidenta encargada», Delcy Rodríguez, no puede ser tomada en serio mientras víctimas como Afiuni permanezcan sin una determinación definitiva. La organización exigió una resolución que ponga fin a las restricciones impuestas a la exjueza y que permita la recuperación plena de sus derechos.
Provea también sostuvo que el caso Afiuni generó el denominado «efecto Afiuni», entendido como el «miedo sistemático de jueces y funcionarios judiciales a actuar con independencia en asuntos con carga política». Además, calificó el expediente como uno de los ejemplos más documentados de la pérdida de autonomía del Poder Judicial en Venezuela y recordó que Afiuni quedó excluida de la Ley de Amnistía aprobada en febrero pasado.
Antecedentes del proceso
María Lourdes Afiuni fue detenida tras otorgar medidas cautelares al empresario Eligio Cedeño, quien había sido privado de libertad en 2007 por presuntas irregularidades cambiarias. Su arresto siguió a las declaraciones públicas del entonces presidente Hugo Chávez, quien la calificó de «bandida» y solicitó para ella la pena máxima de prisión.
En 2011 Afiuni pasó a arresto domiciliario por razones de salud. En 2020 fue condenada; sin embargo, permanecieron vigentes desde 2014 las medidas cautelares que le impedían salir del país, declarar a medios de comunicación o usar redes sociales, además de la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales.
Carta de familiares y representantes legales
Provea difundió una carta firmada por familiares y abogados de Afiuni en la que sostienen que la exjueza fue detenida por «cumplir con su deber» y que su caso es ejemplo de cómo el sistema de justicia puede convertirse en un instrumento de represalia política. Según el documento, la decisión judicial del 10 de diciembre de 2009 motivó la detención, el encarcelamiento y un proceso que, afirman los firmantes, sigue abierto más de 16 años después.
Los firmantes señalan que las declaraciones del entonces presidente comprometieron gravemente la independencia judicial y enviaron un mensaje claro al resto del sistema. Añaden que Afiuni fue recluida en una cárcel común pese a su condición de jueza y denuncian que durante su reclusión sufrió «abusos físicos, psicológicos y sexuales» que le dejaron secuelas permanentes en la salud.
En la carta se destaca además que la fiscal que actuó en el caso dejó constancia en el expediente de que «nunca existió beneficio económico» ni contraprestación vinculada con la decisión judicial cuestionada. Frente a ello, la fiscal recurrió, según los firmantes, a un delito no previsto en la legislación venezolana al que denominó «corrupción espiritual». Aun así, Afiuni fue condenada por el delito de corrupción propia, pese a que, según los firmantes, la tipificación de dicho ilícito exige la existencia de una contraprestación.
Impacto y llamado a la comunidad internacional
El documento de familiares y abogados recuerda que el caso trascendió fronteras y motivó pronunciamientos de organismos internacionales, expertos en derechos humanos, juristas y gobiernos de la región. Los firmantes sostienen que, a más de 16 años de su detención, Afiuni continúa «atrapada en un limbo jurídico» que le impide recuperar plenamente sus derechos y que las restricciones siguen vigentes pese a las solicitudes para poner fin definitivo al proceso.
Los familiares y la representación legal solicitaron a misiones diplomáticas, organismos internacionales, relatores de la ONU, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación mantener la atención sobre el caso y contribuir, dentro de sus competencias, a impulsar una solución definitiva.
Concluyen que cerrar el expediente sería no sólo reparar una injusticia contra Afiuni, sino enviar un mensaje en favor de la independencia judicial y de la dignidad humana, y evitar que un juez sea perseguido por aplicar la ley. Los firmantes afirman que María Lourdes Afiuni «merece justicia» y que Venezuela necesita que esta «página oscura» de su historia judicial sea finalmente cerrada.
