Los testimonios, expedientes médicos y fotos pueden servir en futuros juicios por violaciones de derechos humanos, según el cierre de una serie sobre la misión de la ONU.
La documentación de las violaciones de derechos humanos en Venezuela no termina con la publicación de un informe. Testimonios, expedientes médicos, fotografías y otros registros pueden convertirse en pruebas para futuros procesos judiciales y para iniciativas de verdad y reparación.
Ese es uno de los planteamientos centrales del periodista Luis Carlos Díaz en el cierre de una serie de publicaciones sobre los hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
A lo largo de la serie se abordaron casos de muertes bajo custodia, desapariciones, torturas en centros de detención y violencia sexual contra personas detenidas por motivos políticos. Entre las historias expuestas figuran las de Alfredo Díaz, Edison Torres, Víctor Quero Navas y su madre, Carmen, así como las víctimas de torturas en Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro y los casos de violencia sexual documentados en el estado Zulia y en Tocuyito, Carabobo.
La misión de la ONU sigue documentando violaciones
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la misión en 2019 para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela. Desde entonces, su mandato se ha renovado mediante decisiones del Consejo y sus informes han documentado hechos, patrones de actuación y posibles responsabilidades.
Díaz sostiene que la continuidad de este mecanismo depende del respaldo de los Estados miembros y del trabajo de víctimas, defensores de derechos humanos y actores diplomáticos para mantener el tema en la agenda internacional.
A su juicio, la permanencia de estructuras de seguridad e inteligencia señaladas en los informes hace necesario que continúe la documentación independiente de las violaciones, especialmente cuando no existen investigaciones internas efectivas que permitan esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
El periodista también destaca que el trabajo de la misión no ocurre de manera aislada. Sus hallazgos pueden contribuir a otros mecanismos de justicia que investigan presuntos delitos cometidos en Venezuela, aunque cada instancia tiene competencias y procedimientos propios.
Uno de ellos es la Corte Penal Internacional, que mantiene abierta desde 2021 la investigación conocida como Venezuela I, relacionada con presuntos crímenes de lesa humanidad. La investigación fue autorizada formalmente por los jueces de la corte en 2023.
El sistema interamericano de derechos humanos constituye otra vía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen funciones distintas, pero ambas pueden contribuir al examen de denuncias, la documentación de violaciones y la determinación de responsabilidades estatales dentro de sus respectivas competencias.
Díaz también menciona el proceso de jurisdicción universal que se desarrolla en Argentina por presuntos crímenes cometidos en Venezuela. Esta vía permite que determinados tribunales nacionales examinen delitos graves ocurridos fuera de su territorio cuando se cumplen los requisitos jurídicos correspondientes.
A estos mecanismos se suma el proceso judicial en Chile por el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, un militar venezolano retirado y disidente, ocurrido en Santiago en febrero de 2024.
Guardar expedientes para futuros juicios
Entre las recomendaciones de la misión, Díaz destaca la propuesta de crear un mecanismo independiente que permita preservar archivos, expedientes y evidencias sobre violaciones de derechos humanos. El objetivo sería proteger estos materiales y garantizar que puedan utilizarse en futuros procesos de verdad, justicia y reparación en Venezuela.
La preservación de las pruebas es relevante porque permite evitar que los registros se pierdan, se deterioren o queden fuera del alcance de las investigaciones. También puede ayudar a reconstruir los hechos, identificar posibles responsables y establecer las cadenas de mando, siempre que los materiales sean examinados conforme a las garantías y los procedimientos judiciales aplicables.
Para Díaz, esta tarea no debe posponerse hasta que ocurra una transición política. La documentación y el resguardo de las evidencias pueden comenzar desde ahora, con la participación de organizaciones de derechos humanos, víctimas, familiares y otros actores que dispongan de información relevante.
El periodista subraya que cada testimonio y cada expediente pueden contribuir a que los hechos documentados no queden únicamente en publicaciones o informes, sino que puedan ser considerados en procedimientos judiciales futuros.
El llamado final a víctimas y testigos
En el cierre de la serie, Díaz dirige un llamado a las víctimas y sus familiares para que, cuando estén en condiciones de hacerlo, compartan sus testimonios con la misión, las organizaciones de derechos humanos u otros mecanismos judiciales competentes.
El periodista reconoce que denunciar puede ser difícil, especialmente cuando las personas temen represalias, enfrentan estigmatización o todavía sufren las consecuencias de los abusos. Sin embargo, sostiene que cada relato puede ayudar a documentar los hechos y dificultar que sean negados o minimizados.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
