La ONG Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) rechazaron el balance presentado por Delcy Rodríguez y sostuvieron que en Venezuela sigue siendo crítica la situación de los presos políticos.
Foro Penal cuestiona el balance oficial
En su balance de los primeros 200 días de gestión, Delcy Rodríguez destacó como primer logro que 8.084 personas habrían sido beneficiadas en el marco de la Ley de Amnistía que promulgó.
Sin embargo, Foro Penal informó que aún existen 379 presos políticos y que más de 11 mil personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. Entre ellas mencionó al abogado y profesor universitario Perkins Rocha, asesor de María Corina Machado, quien salió de la cárcel, pero permanece bajo arresto domiciliario y con un grillete electrónico en uno de sus tobillos.
Clippve denuncia riesgos y maltratos en prisión
La ONG también señaló que en su lista aparecen 14 presos recientemente reportados. Del total de 379, indicó que 26 son mujeres, 219 civiles, 160 militares y 40 tienen nacionalidad extranjera, incluido el abogado argentino Germán Giuliani.
De acuerdo con Foro Penal, desde 2014 se han registrado 19.171 detenciones políticas en Venezuela. Además, recordó que después de la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, sin la presentación de las actas de escrutinio, se produjeron protestas ciudadanas que dejaron más de 20 muertos y 2 mil encarcelados.
El Rodeo I y la advertencia por los sismos
En un comunicado suscrito por Clippve y organizaciones defensoras de derechos humanos, afirman que la realidad de los presos políticos continúa siendo crítica.
El texto sostiene que persisten las detenciones arbitrarias, las restricciones al debido proceso, el aislamiento, las desapariciones forzadas de corta duración, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y las limitaciones al contacto con familiares y abogados.
Clippve añadió que los terremotos que golpearon la región centro-norte de Venezuela el 24 de junio habrían agravado la situación en El Rodeo I, donde —según denunció— persisten riesgos estructurales por fracturas en literas de cemento y otras áreas de las celdas, mientras los detenidos duermen con temor a posibles desprendimientos.
El comité también sostuvo que en lo que va de año los recluidos allí han sufrido dos arremetidas violentas e injustificadas, utilizadas como mecanismo de coacción, y recordó que Delcy Rodríguez tiene la responsabilidad política e institucional de garantizar que los órganos bajo la dirección del Ejecutivo actúen conforme a la Constitución y respeten los derechos humanos.
