Yosvet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años y detenido desde 2022 por el caso conocido como Operación Trueno, murió en el Internado Judicial Rodeo III, en el…
Yosvet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años y detenido desde 2022 por el caso conocido como Operación Trueno, murió en el Internado Judicial Rodeo III, en el estado Miranda, tras presentar un cuadro crítico de desnutrición y no recibir atención médica oportuna, informó el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Cuadro de salud severo
La organización señaló que Lozada Rojas, oriundo del estado Yaracuy, estaba en una condición tan delicada que no podía sostenerse en pie por sus propios medios. Además, su estado de salud incluyó una pérdida progresiva de la memoria, al punto de dejar de reconocer a sus familiares.
Con esta muerte, el número de personas que han fallecido bajo custodia del Estado desde abril asciende a 22, de acuerdo con el balance divulgado por el OVP.
La organización también indicó que el caso era conocido por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Asimismo, aseguró que los familiares habían informado formalmente al tribunal de terrorismo sobre la gravedad de la condición de Lozada Rojas, sin obtener respuesta.
Denuncia de violaciones a los derechos humanos
El Observatorio Venezolano de Prisiones reiteró su exigencia de garantizar la vida, la salud y la integridad de las personas privadas de libertad.
“La pena de muerte no está establecida en nuestra legislación, pero la falta de atención médica oportuna, adecuada y la indolencia institucional siguen produciendo el mismo resultado tras las rejas”, afirmó la organización.
También sostuvo que mantener al interno sin asistencia médica, mientras se deterioran sus capacidades físicas y cognitivas hasta perder la vida, constituye “una forma de tortura institucionalizada y un trato degradante que viola la ley y los estándares internacionales”.
El OVP pidió una investigación “inmediata, exhaustiva e imparcial” sobre este hecho y adelantó que llevará el caso a instancias internacionales, al considerar que morir por falta de atención médica representa una violación de derechos humanos.
El caso Operación Trueno
El 22 de mayo de 2022, la Policía Nacional Bolivariana detuvo a 23 personas en Yaracuy en el marco de la llamada Operación Trueno. Posteriormente, los aprehendidos fueron trasladados a cárceles ubicadas en Miranda, Lara, Carabobo, Barinas, Falcón y Caracas.
La organización Provea ha señalado recientemente que, según los familiares, se trata de personas detenidas injustamente, muchas de ellas trabajadores y estudiantes sin antecedentes penales. Los parientes afirman que el proceso judicial se ha convertido en una situación de detención arbitraria y prolongada, en medio de una crisis humanitaria.
De acuerdo con esas denuncias, la figura de la detención preventiva ha sido usada “como una condena de facto”, lo que, a su juicio, vulnera el principio de presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable. También aseguran que el juicio ha sido interrumpido y reiniciado de manera constante.
Provea agregó que la distancia a los centros de reclusión ha contribuido al deterioro crítico de la salud de los detenidos, entre quienes se han reportado casos de tuberculosis, desnutrición severa y un joven con pérdida total de su salud mental por falta de atención especializada.
