El caso conocido como la masacre de Barlovento volvió a cobrar vigencia tras la reconstrucción divulgada en el segundo episodio de la serie documental Archivo Increíble, un espacio centrado en expedientes venezolanos que mantienen interrogantes abiertos. Casi diez años después de la operación militar en la que murieron doce hombres en el sector Aragüita, municipio Acevedo, del estado Miranda, la revisión periodística y los informes internacionales recuerdan que las condenas impuestas no cerraron todas las líneas de investigación sobre la cadena de mando.

El operativo militar y las víctimas

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2016, cuando un grupo de hombres fue retenido durante una incursión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Días después, los cuerpos de las víctimas fueron hallados en una fosa común. La documentación recopilada por instancias internacionales y organismos de derechos humanos permitió registrar las identidades de los doce jóvenes asesinados, entre quienes figuraban Anthony Jesús Vargas Pérez, Héctor Óscar Rodríguez Piñate, Víctor Manuel Martínez Olivares, Carlos Gabriel Marchena Silva y Freddy Manuel Hernández Ramírez.

El listado también incluyó a Eliezer Justarlis Ramírez Cordero, Yorman Vicente Mejías Martínez, Antonio Miguel Aladejo Camacho, Kendri Xavier González Utrera, Jairo Antonio Rivas Salcedo, Denny Antonio Acevedo Vaamonde y Luis Alirio Sanz Espinoza. Las edades de los afectados oscilaban entre los 19 y los 30 años.

La actuación del Ministerio Público y los obstáculos

La investigación penal fue conducida por un equipo del Ministerio Público coordinado por el entonces director general de Actuación Procesal, Zair Mundaray, con el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y expertos forenses. De acuerdo con los documentos de la época, doce integrantes del Batallón 323 Caribe «José María Camacaro Rojas» fueron formalmente acusados por su participación en los sucesos.

Durante las diligencias en la zona de Barlovento, el equipo fiscal enfrentó tensiones con mandos castrenses que intentaron impedir el avance de las pesquisas. Pese a las resistencias institucionales, el expediente permitió procesar a militares de rango subalterno y oficialidad media.

El alcance de las responsabilidades según la ONU

A pesar de las detenciones y de los procesos judiciales iniciados en tribunales venezolanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió que el alcance de las pesquisas no escaló hacia los mandos superiores que diseñaron y supervisaron las operaciones de seguridad.

El organismo multilateral señaló en sus informes que existían elementos para indagar la actuación de oficiales situados por encima de los ejecutores directos, destacando la ausencia de investigaciones formales sobre dichos mandos y cuestionando la falta de sanciones administrativas o penales que abarcaran a toda la cadena de mandos involucrada en la estructura militar de la zona.