Las calles del centro de Caracas volvieron a ser escenario del reclamo de los familiares de presos políticos, quienes se concentraron a las afueras de la Defensoría del Pueblo e iniciaron una caminata simbólica hacia la sede principal del Ministerio Público. La movilización formó parte de la Ruta de Respuestas Pendientes, una convocatoria impulsada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos para exigir el cese de la opacidad, investigaciones imparciales sobre violaciones de derechos humanos y el fin del deterioro deliberado que sufren los reclusos en los diferentes recintos penitenciarios del país.
El descontento radica en la falta sistemática de respuestas por parte de las instituciones del Estado. Massiel Cordones, madre del teniente del Ejército José Ángel Barreno Cordones, detenido hace más de cinco años, denunció que tras cinco meses de espera de mesas de trabajo prometidas por la Fiscalía, la institución no ha emitido ningún pronunciamiento. Asimismo, recordó que tanto la Defensora del Pueblo como el Fiscal General tienen la obligación constitucional de inspeccionar los recintos carcelarios y revisar los expedientes.
Cordones denunció graves vicios procesales y tácticas de amedretamiento, señalando que funcionarios de organismos de inteligencia firman las actas procedimentales usando únicamente su segundo nombre y segundo apellido para ocultar su identidad. También alertó sobre traslados de reclusos ejecutados sin notificar a los allegados bajo el argumento de razones de seguridad.
Condiciones críticas en El Rodeo I y huelga de hambre
Uno de los puntos más complejos expuestos fue el agravamiento de las condiciones de reclusión en el centro penitenciario El Rodeo I, calificado por las familias como un centro de tortura. En este recinto se prohibió el contacto físico entre detenidos y parientes, así como el ingreso de alimentos preparados en casa, lo que ha derivado en brotes de patologías gastrointestinales e intervenciones quirúrgicas de emergencia.
La situación afecta directamente al empresario zuliano José Enrique Rincón, de 62 años, detenido el pasado 14 de junio en el Aeropuerto Internacional La Chinita, en el estado Zulia, tras ser vinculado con la denominada Operación No a la Navidad. Su hermana, Mariana Rincón, indicó que el detenido se encuentra recluido en El Rodeo I, donde inició una huelga de hambre y cumple cuatro días sin ingerir alimentos.
Exigencias y subregistro de salud en custodia
Por su parte, Andreina Baduel, representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, precisó que existen al menos 37 privados de libertad en condiciones de salud críticas dentro de un universo que supera los 400 presos políticos en todo el país. Baduel reiteró la urgencia de investigar las muertes ocurridas bajo custodia estatal, como la de Víctor Hugo Quero Navas, y el paradero de personas desaparecidas como Hugo Marino.
Las familias entregaron un pliego formal de demandas en el Ministerio Público que incluye investigaciones sobre torturas, esclarecimiento de responsabilidades por muertes en custodia, atención médica inmediata, anulación de expedientes viciados y acceso oportuno a información sobre los procedimientos judiciales.
