El magistrado del Tribunal Supremo español Pablo Llarena cerró la instrucción contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig y remitió las actuaciones a la Sala Penal, que debe decidir si archiva la causa y les aplica la amnistía. Llarena dejó sin efecto sus procesamientos, aunque afirmó que se mantienen los indicios que dieron lugar a ellos.
El Constitucional consideró que correspondía aplicar la amnistía
La decisión responde a una sentencia del Tribunal Constitucional del 6 de octubre, que estimó el recurso de la exconsejera Dolors Bassa y concluyó que el Supremo debió aplicar la ley de amnistía en 2024 a antiguos integrantes del Gobierno catalán procesados o condenados por malversación.
Llarena había levantado las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig, pero dejó pendiente el cierre del procedimiento mientras analizaba el fallo constitucional y varios recursos. En su resolución, sostuvo que la sentencia impide mantener los procesamientos, aunque no desaparecen los indicios de participación atribuidos a los tres.
La Sala Penal debe resolver el archivo definitivo
Los procesamientos datan del 21 de marzo de 2018. A los tres se les atribuyó haber usado sus cargos para organizar y financiar con fondos públicos el referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, pese a prohibiciones judiciales, con el propósito de impulsar unilateralmente la independencia. Esa descripción forma parte de los señalamientos recogidos por Llarena.
