Casi ocho años después de la muerte del concejal del municipio Libertador por Primero Justicia, Fernando Albán, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá su caso. La decisión llega luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyera que Venezuela no cumplió las recomendaciones para investigar, sancionar y reparar a la familia.
La muerte de Albán y las dudas sobre la investigación
Albán fue detenido el 5 de octubre de 2018 y murió el 8 de octubre de ese mismo año, tras caer desde el décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Plaza Venezuela, Caracas. La investigación abierta en el país no logró esclarecer por completo las circunstancias de su fallecimiento.
Desde los primeros días, su familia pidió respuestas. El 6 de octubre de 2018, su hermana Luz denunció su desaparición ante el Ministerio Público. Más tarde, el 4 de diciembre de ese año, sus representantes introdujeron una denuncia ante la Fiscalía y solicitaron, entre otras medidas, la exhumación del cuerpo y la aplicación del Protocolo de Minnesota. Ninguna de esas gestiones obtuvo respuesta efectiva.
La defensa también presentó 31 diligencias entre noviembre de 2018 y julio de 2019 para acceder al expediente, pero solo pudo revisarlo una vez, durante unos 20 minutos.
El caso llega a la Corte Interamericana
Las acciones legales también tuvieron consecuencias para los abogados. En febrero de 2019, la Dirección General de Contrainteligencia Militar intentó detener a Ramón Alfredo Aguilar, coordinador de la defensa, quien luego se exilió en Colombia. Otros integrantes del equipo también fueron forzados al exilio. En 2025, Eduardo Torres, uno de los abogados que permaneció en Venezuela, fue detenido como preso político.
El 26 de abril de 2019, la defensa presentó una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los elementos incorporados figuran dos certificados de defunción con diferencias sobre la causa inmediata de la muerte. En 2021, la defensa agregó nuevos argumentos y pruebas ante la Comisión.
Ese mismo año, dos funcionarios de bajo rango del Sebin fueron condenados por homicidio culposo y otros delitos, aunque sus penas después fueron reducidas. Para la Comisión, esas actuaciones no bastaron para una investigación seria, imparcial y efectiva.
Ahora el expediente pasa a la Corte Interamericana, que deberá determinar la eventual responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones denunciadas contra Fernando Albán y su familia. Durante la audiencia pública del 6 de agosto de 2026, Meudy Osio, viuda de Albán, recordó los años de búsqueda de justicia.
