La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEPVzla) pidió este lunes a las autoridades venezolanas adoptar medidas humanitarias urgentes para proteger a las personas privadas de libertad, en medio de la emergencia provocada por los terremotos del pasado 24 de junio y las réplicas que aún se registran en el país.

El pronunciamiento fue difundido luego de la alerta del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), que denunció el deterioro de las condiciones de reclusión en Ramo Verde y El Rodeo I tras los movimientos sísmicos, además de presuntos daños en la infraestructura y riesgos para la integridad de los detenidos.

En su comunicado, difundido a través de su cuenta en X, JEPVzla advirtió que la emergencia ha incrementado la vulnerabilidad de quienes permanecen bajo custodia del Estado y recordó que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar su protección.

La ONG señaló que la crisis humanitaria generada por el doble terremoto del 24 de junio y sus réplicas agrava con extrema urgencia la situación de vulnerabilidad en los centros de reclusión de Venezuela. Sostuvo además que, en momentos de desastre natural, el deber de proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad es una obligación ineludible y directa del Estado.

La ONG pide liberar a los presos políticos y activar medidas excepcionales

La organización insistió en la necesidad de adoptar medidas excepcionales para los detenidos por motivos políticos, al considerar que las circunstancias actuales elevan los riesgos dentro de los centros penitenciarios.

“Reiteramos nuestro llamado para la liberación inmediata de los presos políticos. Insistimos en que es indispensable el otorgamiento inmediato de medidas humanitarias excepcionales”, manifestó.

Solicitan inspecciones técnicas y comunicación con las familias

Asimismo, pidió que las autoridades realicen inspecciones técnicas en todos los establecimientos penitenciarios del país para verificar las condiciones de las edificaciones tras los sismos.

En ese contexto, indicó que la emergencia exige una evaluación técnica inmediata del estado estructural de todos los centros de detención y que, si fueran necesarios traslados por daños o riesgos de colapso, las autoridades deben garantizar canales oficiales de información en tiempo real para los familiares, evitando de forma absoluta la incomunicación o el aislamiento.