El defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental Fundaredes, Javier Tarazona, denunció este jueves a las puertas del Palacio de Justicia de Caracas los constantes diferimientos y retrasos en su proceso penal, los cuales mantienen restringida su libertad pese a haber sido excarcelado en febrero tras más de cuatro años de prisión.

Tarazona fue beneficiado a principios de año por una ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguez —tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026—, pero los tribunales le denegaron el sobreseimiento definitivo de la causa en marzo, sometiéndolo a un tercer juicio consecutivo bajo régimen de presentación.

Exigencia de justicia frente a los tribunales

El caso de Tarazona, junto al de otros líderes opositores sometidos a arresto domiciliario y vigilancia electrónica como el abogado Perkins Rocha, fue abordado directamente en Caracas por el subdirector ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Federico Borello, durante un encuentro institucional.

«Hoy sencillamente exigimos y perdimos justicia y libertad plena. Hemos sido víctimas de una detención arbitraria, de una desaparición forzada, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero sobre todo de una extensión de la privación de libertad», aseveró Tarazona frente a la sede judicial capitalina.

Llamado al cese del hostigamiento judicial

El director de Fundaredes emplazó a traducir el discurso de «transición democrática y reinstitucionalización» pronunciado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en una aplicación efectiva del debido proceso y en el cese del hostigamiento judicial contra sus colaboradores, Omar de Dios García y José Rafael Tarazona.

La defensa del activista detalló que el expediente acumula 66 convocatorias a audiencias, 24 diferimientos y dos juicios anulados durante cinco años y tres meses de imputación por presunta traición a la patria e incitación al odio, delitos aplicados sistemáticamente contra defensores de derechos fundamentales.

Tarazona exhortó además a que los recientes avances en materia de acuerdos petroleros e inversiones internacionales no eclipsen la agenda humanitaria, reclamando que la ciudadanía y las víctimas de persecución política permanezcan en el centro del tablero de la redemocratización del país.