La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la apertura de una investigación penal contra la fiscal 69ª Nacional Plena del Ministerio Público, Mirian Lima Bernal, por la presunta comisión del delito de omisión dolosa de recursos legales, tipificado en la Ley Orgánica Contra la Corrupción. La medida quedó establecida en la sentencia 624 del pasado 27 de mayo, la cual también involucra a otras dos fiscales y una jueza del estado Miranda por su participación en un fraude procesal en perjuicio de Julio César Velasco Pérez y su hijo Leiner Daniel Velasco Zambrano.
El origen del conflicto mercantil y las detenciones
Los hechos se remontan al año 2020, cuando Richard Eduardo Guerrero Márquez y Julio Velasco se asociaron para proveer 1.300 pupitres al Ministerio de Educación, una transacción para la cual Guerrero aportó 49.999 dólares. Una vez entregada la mercancía, Velasco comenzó los pagos correspondientes a su socio.
Sin embargo, en medio del proceso, Guerrero interpuso una denuncia penal ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Guarenas, conocida como el Cicpc-Guarenas, asegurando que no había recibido el capital ni los intereses. Las actas fueron remitidas a Andy Marlene Padrino Oliveros y Engimar Margely Pérez Medina, fiscales auxiliar y provisoria 4ª del estado Miranda, quienes procedieron a solicitar una orden de aprehensión contra Julio Velasco que fue aprobada por la jueza 3ª de control del estado Miranda, Yusbely Caguaripano Arguinzones.
Cuatro meses más tarde, las funcionarias solicitaron también la captura de Leiner Velasco, hijo del comerciante, a quien le imputaron estafa agravada y agavillamiento. Para lograr su liberación, las fiscales y la jueza condicionaron la libertad del joven a un acuerdo reparatorio en el que su padre debía pagar una supuesta deuda pendiente. Velasco entregó dinero y vehículos equivalentes a 100.000 dólares a pesar de haber cancelado los montos previos.
La actuación de la instancia nacional y el fallo
Ante las irregularidades, Leiner Velasco denunció el caso ante el Ministerio Público, instancia que asignó la investigación a la fiscal Miriam Lima Bernal. Lejos de sancionar las irregularidades, Lima Bernal tramitó un sobreseimiento a favor de las fiscales Andy Padrino y Engimar Pérez, de la jueza Yusbely Caguaripano y del empresario Richard Guerrero, argumentando la inexistencia de delitos.
Tras la solicitud de intervención interpuesta por Julio Velasco, la Sala Constitucional determinó que se cometió un fraude procesal al desviar un conflicto de naturaleza mercantil hacia la jurisdicción penal para presionar indebidamente a los ciudadanos. Los magistrados determinaron que la fiscal Lima Bernal omitió sus deberes al no advertir las anomalías en la instrucción, mientras que la jueza Caguaripano fue responsabilizada por validar el despojo de bienes de las víctimas.
Calificación de terrorismo judicial
El máximo tribunal advirtió que las actuaciones desplegadas por las funcionarias encajan en la figura conocida como terrorismo judicial. La sentencia recuerda que acudir a la vía penal con el solo propósito de presionar patrimonialmente a las personas y obtener beneficios al margen de la ley constituye una grave violación a los derechos de los ciudadanos y al ordenamiento jurídico.
