El pronunciamiento, publicado el 12 de octubre, reúne a líderes de Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui y Zulia, quienes declaran estar “vivos, organizados y dueños ancestrales” de sus tierras.
Reivindicaciones principales
Entre las peticiones se destaca la creación de una magistratura en el Tribunal Supremo de Justicia que vigile la jurisdicción especial originaria, el restablecimiento del sufragio directo, secreto y universal, la suspensión de la minería en los territorios indígenas y la distribución equitativa de las riquezas extraídas. También solicitan la declaración de una emergencia sanitaria para atender la salud en las regiones afectadas.
Actores y contexto
El documento, redactado por el exdiputado Romel Guzamana, cuenta con la firma de representantes como Dennis Carrasquel, María Caicuto, Pío Rossi, Jesús Jiménez, Alfredo Rendón, Alberto Solano y Bartolomé Pérez. La denuncia señala que la minería extractiva ha causado un ecocidio en el llamado Arco Minero, lo que ha motivado la demanda de una protección judicial más robusta.
