Las autoridades venezolanas reconocieron la profundidad de la crisis en el sistema de justicia penal, al divulgar cifras sobre hacinamiento, retardo…
Las autoridades venezolanas reconocieron la profundidad de la crisis en el sistema de justicia penal, al divulgar cifras sobre hacinamiento, retardo procesal, corrupción y dificultades en la atención de las personas detenidas.
Cifras de reclusión y retardo procesal
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) estimó recientemente que en el país hay 26.694 personas privadas de libertad, una cifra que implicaría un hacinamiento de 176,83%. Sin embargo, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, sostuvo que el total real asciende a 58.714 personas detenidas.
De ese universo, Cabello indicó que 12.425 permanecen encarceladas desde hace más de dos años sin sentencia. Además, precisó que 8.222 están recluidas en centros de detención preventiva, espacios habilitados para estadías de hasta 48 horas.
Reconocimiento oficial de fallas en el sistema
Al asumir funciones, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que impulsará una reforma de la justicia penal. En sus declaraciones, admitió que el sistema está afectado por la corrupción y que golpea con mayor fuerza a los sectores más pobres.
Rodríguez también afirmó que pidió acciones contra jueces que cobran por la amnistía, práctica que, dijo, debe cesar. Con ello, terminó validando denuncias sostenidas por abogados independientes y activistas de derechos humanos.
La mandataria interina lanzó además una línea telefónica para que la ciudadanía denuncie presuntos actos de extorsión cometidos por policías, fiscales, jueces y otros funcionarios. “Quiero acabar con la matraca (soborno) y extorsión, se acabó, el pueblo venezolano lo pide”, expresó.
Perfil de la población reclusa
Durante las exposiciones del equipo oficial, Larry Devoe señaló que casi 70% de la población privada de libertad pertenece a los estratos 4 y 5. También afirmó que 81% de los reclusos son primarios, es decir, personas sometidas por primera vez a un proceso penal por la presunta comisión de un delito.
Cabello, por su parte, reconoció que 70% de los privados de libertad requieren asistencia de la Defensa Pública. “Eso habla mucho de quién está detenido. La persona que está detenida ni siquiera tiene cómo pagar un abogado. ¿Hacia quién está apuntando la justicia?”, planteó.
Devoe agregó que 75% de los condenados admitió los hechos. Según explicó, ese comportamiento estaría relacionado con el retardo procesal y los costos del proceso penal, que llevarían a los acusados a reconocer los cargos para salir antes.
Ante esa realidad, el OVP advirtió que cuando una persona enfrenta años de prisión preventiva, hacinamiento, condiciones indignas, falta de atención médica, alimentación insuficiente, escasez de agua potable e incertidumbre sobre su juicio, la admisión de los hechos deja de ser solo una decisión jurídica y puede convertirse en una estrategia de supervivencia.
La Defensoría admite saturación
En una reunión pública de la comisión creada por Rodríguez para revisar cambios en el sistema penal, la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, reconoció que la demanda supera la capacidad de respuesta de la institución.
“Es que en la Defensoría hay de todo, yo estoy que corro, allí hay presos políticos, presos comunes (…) es una situación de una complejidad, de una vulnerabilidad, que solo es posible atenderla si se cuenta con coordinación”, dijo González Lobato.
Cabello también aseguró que en los últimos dos años han removido y llevado a juicio a 28.314 funcionarios policiales. Además, señaló que existe un problema por la discrecionalidad con la que actúan las policías estadales y municipales.
Al cierre, el OVP sostuvo que lo más preocupante no es que las autoridades reconozcan ahora la crisis, sino que lo hagan después de años de denuncias, informes, muertes bajo custodia y miles de personas atrapadas en un sistema que, incluso desde el propio Estado, admiten que no funciona.
