Los directores del Foro Penal solicitaron a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarar la responsabilidad del Estado venezolano por los sucesos del 11 de abril de 2002, jornada violenta que dejó 19 personas fallecidas y más de un centenar de heridos en Caracas.

Alegatos y testimonios ante el tribunal internacional

Durante una audiencia pública celebrada el miércoles 14 de octubre, los defensores de derechos humanos Alfredo Romero y Gonzalo Himiob expusieron los argumentos finales de la ONG. Romero instó al tribunal a dictar una sentencia favorable para las víctimas con el propósito de poner fin a la impunidad y restablecer la confianza en el Estado de derecho.

La sesión incluyó los testimonios de familiares de las víctimas, como Mohamed Merhi y Yanfri Querales, quienes relataron el impacto de la pérdida de sus seres queridos durante las protestas de aquel año en Caracas y la posterior negativa de los tribunales internos para sancionar a los responsables.

La voz de las víctimas y testigos

En la misma jornada intervino la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, De Valle Canelón, quien relató las amenazas que sufrió por parte de tiradores de Puente Llaguno tras documentar la manifestación contra las políticas de Hugo Chávez. Canelón describió la actuación de grupos armados partidarios del oficialismo y su colaboración con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana durante los hechos.

Por su parte, Mohamed Merhi denunció ante los jueces la inacción del Tribunal Supremo de Justicia, cuya Sala Constitucional desestimó el caso tras una supuesta injerencia gubernamental que impidió investigar el asesinato de su hijo durante la protesta antigubernamental.