La reciente incorporación del delito de conspiración para cometer tortura en el proceso judicial que se sigue en el Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores marca un giro en la estrategia de la Fiscalía. Según el abogado Nizar El Fakih, este nuevo cargo introduce una dimensión centrada en víctimas concretas, diferenciándose de las acusaciones previas enfocadas exclusivamente en el narcotráfico y el narcoterrorismo.

Nuevas imputaciones y el factor de las víctimas

Con esta modificación, la acusación formal contra ambos incluye ahora cinco delitos: terrorismo, narcotráfico, posesión de ametralladoras y equipos destructivos, conspiración para cometer narcoterrorismo —cargos que ahora alcanzan a Flores— y la reciente conspiración para cometer tortura. El Fakih destacó que el documento judicial hace referencia a nueve víctimas no identificadas públicamente, lo cual permitiría a la Fiscalía presentar testimonios directos ante un jurado, un elemento que otorga mayor peso probatorio al caso.

Posible expansión hacia otros funcionarios

El análisis del expediente sugiere que la estructura del caso no se limita a los dos acusados principales. La Fiscalía ha hecho mención reiterada a otros altos cargos y personas en posiciones de confianza pública, lo que, a juicio de El Fakih, indica que la investigación podría abarcar una red más amplia. El abogado señaló que la cooperación de testigos, incluyendo figuras cuyos procesos judiciales ya están en curso, es un elemento clave que podría derivar en la revelación de nuevos nombres a medida que avance el procedimiento, el cual tiene una fecha tentativa de juicio para junio de 2027.

El debate sobre la inmunidad y el proceso judicial

La defensa de los acusados enfrenta el desafío de una solicitud de inmunidad que permanece pendiente de resolución, vinculada al reconocimiento diplomático y al ejercicio de funciones públicas. El Fakih explicó que, mientras la Fiscalía tiene la obligación de revelar las pruebas a la defensa —proceso que ya habría comenzado de forma confidencial—, la posibilidad de un perdón presidencial sigue siendo una facultad política sujeta a un alto costo de imagen, sin precedentes claros en casos de esta naturaleza en la historia judicial estadounidense.