La responsabilidad del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos registradas el 11 de abril de 2002 en Caracas fue el eje central de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Durante el proceso, denominado “Caso Trujillo y otros vs. Venezuela”, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), familiares de los fallecidos y testigos expusieron evidencias sobre la falta de esclarecimiento de los hechos.
Denuncian impunidad persistente tras dos décadas
La CIDH reiteró ante el tribunal internacional que, transcurridas más de dos décadas, el Estado no ha determinado las responsabilidades correspondientes por las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas. Según la Comisión, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) utilizaron armas letales contra manifestantes, mientras que existió una coordinación entre autoridades y miembros de los denominados Círculos Bolivarianos.
En el sector de El Silencio, se atribuyeron a la GNB las muertes de Jhonny Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso. En Puente Llaguno, la CIDH señaló a civiles armados como responsables de los fallecimientos de Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo.
Testimonios sobre la violencia y el hostigamiento
Janfri Querales, hermana de Juan David Querales, relató ante la Corte cómo su hermano, de 25 años, falleció tras recibir un disparo de un efectivo de la GNB. La testigo denunció que, tras intentar esclarecer el caso, su familia fue víctima de hostigamiento, lo que la obligó a emigrar y solicitar asilo en España.
