La representación del caso Pdvsa Obrero acudió a la Comisión de Paz y Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional para exponer el estado de la causa y pedir atención inmediata para 77 detenidos.

En la reunión participaron Ana María San Juan, secretaria ejecutiva de la comisión, y otros integrantes del grupo parlamentario, que escucharon el planteamiento de los familiares y abogados.

La denuncia por detenciones irregulares

Zimaru Fuentes, vocera del equipo representante, explicó que el caso reúne cinco causas a escala nacional en Anzoátegui, la refinería El Palito, en Carabobo; La Guaira, Distrito Capital y el Complejo Refinador de Paraguaná, entre Cardón y Amuay, en el estado Falcón.

También señaló que los procesados son 62 trabajadores de Pdvsa, del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, la Policía Nacional Bolivariana, el Cicpc y el Ministerio de Petróleo, además de 15 efectivos militares.

A todos se les acusa de presunto contrabando de combustible, sabotaje, asociación para delinquir, daños a la infraestructura y corrupción.

Fuentes afirmó que los arrestos se ejecutaron bajo un patrón repetitivo de irregularidades y que no existió flagrancia en las detenciones.

Según su relato, el fiscal de la causa debió citar e informar a los señalados de que estaban siendo investigados, en lugar de actuar a sus espaldas y luego ejecutar arrestos masivos cuatro meses después, a partir de octubre de 2024.

Salud, familias y bienes denunciados

La delegación consignó ante la comisión los expedientes médicos de 10 trabajadores con riesgos vitales de salud y patologías graves.

Entre los casos mencionados por prioridad figuran Larry Moya, María Alejandra Romero, Renier Masetti y Lennys Cruz.

Además, los familiares expusieron el impacto social de la detención sobre al menos 140 niños, adolescentes y jóvenes de entre 19 y 21 años, que dependen económicamente de los trabajadores y enfrentan la ausencia de sus padres.

También denunciaron el presunto hurto de bienes particulares por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y afirmaron que esos objetos y vehículos no aparecen reflejados en las actas de las fiscalías correspondientes.

Fuentes indicó que las autoridades se mostraron empáticas ante la situación y ofrecieron su mediación institucional, con el compromiso de dar prioridad a los casos de trabajadores con patologías delicadas y evaluar de manera general el estatus de las causas penales.