La jueza federal del Distrito Norte de California, Araceli Martínez-Olguín, aprobó este miércoles el acuerdo de consentimiento entre Paramount Skydance y las fiscalías generales de 12 estados, con lo que quedó despejado el último obstáculo judicial para la fusión con Warner Bros Discovery.
El tribunal convirtió en obligatorias las concesiones
Con la resolución, las concesiones planteadas por Paramount para resolver la demanda antimonopolio pasan a ser vinculantes. El caso se cerró tras tres meses de litigio y deja vía libre a una de las mayores integraciones de medios y entretenimiento de la industria cinematográfica y televisiva mundial.
Las salvaguardias aprobadas tendrán una vigencia de cinco años y quedarán bajo supervisión directa del tribunal federal. Entre ellas figura la creación de un consejo asesor independiente para blindar la autonomía editorial de la cadena de noticias CNN, en medio de las objeciones expresadas por gremios del sector.
La operación avanza con nueva estructura corporativa
David Ellison señaló que la unión de Paramount y Warner Bros. Discovery representa un momento transformador para la industria. También indicó que Ynon Kreiz se incorporará el próximo 5 de octubre como codirector ejecutivo para supervisar las operaciones diarias y sumarse a la junta directiva.
Bajo el nuevo esquema, Ellison continuará al frente de la dirección ejecutiva, enfocado en el desarrollo estratégico y creativo, mientras Kreiz asumirá la gestión operativa.
La megafusión está valorada en más de 100.000 millones de dólares y fue financiada con aportes de fondos soberanos de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi, además de garantías financieras del fundador de Oracle, Larry Ellison.
El fallo llega tras el pulso con la Casa Blanca
La ratificación judicial se produce en un clima de tensión entre la administración central y los medios de comunicación. Ocurre pocos días después de que la Casa Blanca intentara restringir el acceso a credenciales de prensa a cadenas como CNN, una medida que fue revocada judicialmente tras recursos presentados por los medios afectados.
El Departamento de Justicia de EE UU había autorizado la transacción en junio sin exigencias operativas, lo que llevó a los estados a actuar para frenar la concentración del mercado cinematográfico y de programación por cable.