Corte de apelaciones de EE UU pospone audiencia clave por la venta de Citgo

Una corte de apelaciones en Estados Unidos accedió a la solicitud de Venezuela y reprogramó para el 21 de octubre una audiencia clave en el caso vinculado con la venta de Citgo, en una decisión que le da un respiro temporal a la defensa venezolana en medio de la disputa por la filial petrolera.

La audiencia cambia de fecha

La diligencia había sido fijada inicialmente para el 10 de agosto. Con la nueva orden judicial, el tribunal modificó el calendario y dejó sin efecto su señalamiento previo del 11 de junio, cuando había indicado que la audiencia no sería aplazada.

El cambio ocurre en un momento de reacomodo táctico dentro de la estrategia legal que busca frenar la venta forzada de la compañía, una operación que forma parte de un prolongado litigio en Estados Unidos.

La defensa pide frenar la subasta

Los abogados de Venezuela solicitaron al tribunal que detenga la venta de Citgo Petroleum Corporation, al argumentar que la empresa ha aumentado de valor gracias al repunte reciente del mercado petrolero internacional.

De acuerdo con esa posición, la refinadora tendría un valor actual de 15.100 millones de dólares, mientras que la oferta presentada por Amber Energy, de 5.900 millones de dólares, resultaría inaceptable. La defensa sostiene que concretar la transacción bajo esas condiciones supondría una pérdida injusta y equivaldría, en la práctica, a un regalo para el fondo de inversión adquirente.

Un activo estratégico en disputa

Citgo, considerada el activo extranjero más valioso de Venezuela y la séptima refinadora más grande de Estados Unidos, es objeto de una batalla legal que se ha extendido por años. Un tribunal federal en Delaware ordenó subastar las acciones de PDV Holding, la matriz de Citgo en Estados Unidos, para atender reclamaciones de diversos acreedores.

Empresas multinacionales como Crystallex y ConocoPhillips, junto con tenedores de bonos, reclaman más de 20.000 millones de dólares en compensaciones por la expropiación de activos en Venezuela durante gobiernos anteriores y por el incumplimiento en el pago de deuda soberana.