La delegación argentina pidió al Tribunal Internacional del Mar medidas provisionales para detener la explotación petrolera en aguas cercanas a las islas Malvinas.
Argentina expuso este martes ante el Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo, sus argumentos para pedir que se frene la explotación petrolera en aguas cercanas a las islas Malvinas, en el marco de la demanda presentada contra Gran Bretaña por la actividad hidrocarburífera que considera ilegal.
El pedido de medidas provisionales
La delegación argentina pidió la suspensión de la explotación petrolera, tal como ya había sido planteado en la presentación de la demanda. También solicitó que las empresas no usen la información obtenida durante la etapa de exploración, que se proteja y preserve el medio marino y que se impida a Gran Bretaña tomar medidas que agraven la disputa.
El planteo se apoyó en que existe una controversia de soberanía sobre las islas y, por lo tanto, no sería legal usar los recursos naturales mientras esa discusión siga abierta. En su intervención final, María Ibarzábal subrayó que la explotación de esos recursos tendría un carácter irreversible si el tribunal no interviniera.
La exposición argentina fue encabezada desde la Casa Rosada por María Ibarzábal, mientras que la consejería legal internacional de la Cancillería estuvo a cargo de Mario Oyarzábal. La defensa también incluyó a Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.
La respuesta británica y el trámite del caso
Los representantes de Gran Bretaña rechazaron el planteo argentino y sostuvieron que el proyecto Sea Lion cumple con los requisitos del tratado de 1982. Además, defendieron la explotación de recursos como parte del derecho a la autodeterminación de la población de Malvinas.
El tribunal volverá a escuchar a las partes este miércoles y luego tendrá algunas semanas de deliberación antes de emitir un veredicto provisorio. Si el caso avanza, la solución de fondo quedará en manos del Tribunal Arbitral previsto en el anexo VII de la Convemar, un órgano de siete miembros que aún no ha sido conformado.
La estrategia del gobierno argentino es que el tribunal se declare competente y ordene, de forma provisional y en el corto plazo, la suspensión de las actividades exploratorias en las aguas circundantes de las islas.
Según la evaluación citada por un experto argentino con larga trayectoria en derecho internacional, si el tribunal acepta que la controversia entra en su jurisdicción, es probable que dicte la suspensión antes de fin de año.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
