Entre 2021 y 2022, una serie de actuaciones policiales y fiscales dejó al descubierto una presunta red de tráfico de drogas que habría involucrado a…
Entre 2021 y 2022, una serie de actuaciones policiales y fiscales dejó al descubierto una presunta red de tráfico de drogas que habría involucrado a diputados, una alcaldesa y otros operadores vinculados al chavismo. En el centro de la investigación aparecieron audios telefónicos, allanamientos, incautaciones y declaraciones de testigos que permitieron seguir la ruta de una estructura señalada por las autoridades como parte de uno de los casos más notorios de narcopolítica en Venezuela.
Los audios que activaron la investigación
La pesquisa tomó impulso tras la revisión de conversaciones telefónicas entre la diputada Jeycar Saray Pérez, del PSUV-ORA, y el exconcejal y diputado Jean Carlo Silva Sabino, de Podemos. Ambos mantenían una relación cercana y, de acuerdo con los funcionarios, esos intercambios permitieron rastrear presuntos negocios asociados con credenciales políticas y, al mismo tiempo, las bases de una red dedicada al traslado de sustancias ilícitas.
Un ciudadano identificado por el Comando Nacional Antidrogas como “Juan Molina” aseguró el 2 de noviembre de 2021 que una persona de gran relevancia encabezaba una organización integrada por venezolanos, colombianos y dominicanos. En esa declaración señaló al colombiano Víctor Julio Cano Páez como el encargado de captar diputados y alcaldes venezolanos para incorporarlos a la trama.
Según esa versión, Cano también reclutaba conductores para movilizar sustancias estupefacientes y psicotrópicas hacia distintas zonas del país. Los traslados habrían ocurrido por tierra y por mar. La alerta incluía además el supuesto envío de una cantidad importante de droga desde Táchira hacia el centro de Venezuela.
Detenciones, vehículos y hallazgos
La Fiscalía sostuvo que un agente encubierto permitió desmantelar uno de los grupos, conocido como “los narcos diputados”. De acuerdo con esa versión, sus integrantes trasladaban droga en camionetas blindadas y se amparaban en su inmunidad para evadir controles.
En una de las conversaciones incorporadas al expediente, Silva Sabino le habría dicho a Pérez: “bastante porquería tuve que vender para hacerte millonaria”. Según el acta policial, también afirmó que las ganancias respondían a los riesgos que él había asumido. Pérez, por su parte, le habría respondido que pagó para ser diputada y que él no podría llegar al cargo sin pagar.
La tensión entre ambos escaló en los audios. Pérez lo llamó traidor, le exigió las llaves de una vivienda y lo amenazó con quitarle la credencial de concejal, de acuerdo con la reseña policial. Más adelante, en Caracas, ambos habrían sostenido una conversación con una persona identificada como “Alirio camioneta blanca”.
Durante el allanamiento practicado a Silva, los funcionarios reportaron la incautación de un manojo de llaves y la revisión de fotografías de dos vehículos en su teléfono: un Kia y una camioneta blanca. Después, “Alirio” declaró que Pérez acudió a su vivienda junto con Silva y le entregó una camioneta Land Cruiser como garantía por un préstamo de 25.000 dólares.
El vehículo fue entregado a los funcionarios. Al inspeccionarlo, el expediente señala que presentaba un doble fondo y que el barrido químico arrojó resultado positivo.
La detención de Jeycar Pérez
La funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana Daniela Alexandra Salamanca Jaimes, adscrita a la URIA Distrito Capital, participó en la detención de Jeycar Pérez el 5 de enero de 2022 en la Plaza Bolívar. En su declaración dijo que “el coronel Vega sabía que ella iba a pasar por el lugar” y que una teniente de apellido Álvarez le pidió el carné a la parlamentaria antes de detenerla.
Salamanca afirmó que desconocía si existía una orden de captura y que tampoco manejaba información sobre los procedimientos legales aplicables para arrestar a una diputada. Ese episodio añadió interrogantes sobre la forma en que se ejecutó el operativo y sobre el alcance político y judicial de la causa.
La otra etapa de la operación
En La Guaira, Víctor Cano esperaba a Luis Viloria. En ese contexto, “Robert Montaño” figuraba como escolta y, en un vehículo machito blanco con doble fondo, los funcionarios incautaron 300 envoltorios de cocaína. A partir de esa detención, fueron aprehendidos escoltas del diputado en un hotel.
La investigación también vinculó a la entonces diputada Jeycar Saraith Pérez Gómez con el presunto delito de “tráfico de sustancias estupefacientes agravada”. Por esa razón se practicó un allanamiento en la urbanización Las Mercedes de Caracas, donde, según la Fiscalía, se incautaron varios teléfonos, una camioneta con doble fondo y residuos de cocaína.
Jean Carlos Silva Sabino fue detenido con una camioneta de Pérez, también con doble fondo y sometida a un barrido. En ese procedimiento quedó arrestado el guardia nacional Daniel Rengifo, y habría existido una conversación entre el militar y la diputada Pérez Gómez en la que él le solicitaba dinero para no investigarla por delitos de corrupción.
En enero de 2022 también fueron detenidas dos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela: la alcaldesa Keyrineth Selenia Fernández Epieyu, del municipio Jesús María Semprúm, y la diputada Taina de los Ángeles González Rubio Andara. El reporte policial señaló que Samuel Alvarado, Kender José Villalobos Epieyu, Kervin Epieyu Machado, Taina de los Ángeles González Rubio, Keyrineth Selenia Fernández Epieyu y Gregorio Francisco Amaris se trasladaban en dos camionetas, una Four Runner gris y una Tacoma blanca.
Según ese informe, González Rubio usó su credencial como diputada de la Asamblea Nacional para evadir los controles de los organismos de seguridad del Estado. Las maniobras habrían sido utilizadas como distracción y dilación. En Puerto Cumarebo, estado Falcón, el grupo se habría cambiado a una camioneta Prado y fue aprehendido cuando intentaba continuar hacia Caracas, donde les incautaron seis panelas de cocaína.
En ese procedimiento detuvieron a “Samuel”, chofer de la Tacoma, a Pedro Moyano y a “Evicmar”, alias La Viuda, señalada como encargada de descargar la droga. De acuerdo con la versión recogida por los investigadores, Moyano habría delatado a la diputada oficialista María Bogado, posteriormente detenida, y esta a su vez señaló a su ex pareja Edgar Reyes como parte de la red.
Las funcionarias Adchell Toro Vielma y Alohe Josefina Silva Mavarez, del Laboratorio Criminalístico de la Guardia Nacional Bolivariana, detallaron lo hallado en los vehículos: en el rústico machito blanco, con asientos y doble fondo, 232 envoltorios tipo panelas; y en la Fortuner roja vinotinto, 104 envoltorios.
El proceso judicial
La causa, identificada en el expediente N.° 11J1346-22, involucró a diputados del Gran Polo Patriótico, alcaldes, militares y otros funcionarios. Entre los procesados estuvo el abogado y diputado de Primero Venezuela, Luis Alfonso Viloria Chirinos, quien fue dirigente político de Trujillo y asesor de un diputado prooficialista. Viloria Chirinos admitió los hechos y fue condenado a 12 años de prisión.
Viloria Chirinos había sido detenido en La Guaira junto a su padre, Luis Egisto Viloria Sáez; Robert de Jesús Montaña Viloria; Samuel David Montilla Hernández; Wilmer Enrique Hernández Torres; Delwis José Paredes Monsalve, y un indocumentado. Todos fueron señalados por trasladar 336 panelas de cocaína en tres vehículos.
Los acusados que fueron llevados a juicio sumaron 18 personas, todas solteras y residenciadas en distintas regiones del país, entre ellas Caracas, Carabobo, Aragua, Falcón, Táchira y Zulia.
La alcaldesa Keyrineth Fernández y la exdiputada Taina González recibieron condenas de 25 años de prisión el 18 de abril de 2026. También fueron sentenciados a 27 años de prisión tres familiares de la alcaldesa: su hermano Kender José Villalobos Epieyu, su tío Kevin Epieyu Machado y su cuñado Gregorio Francisco Amaris Meléndez.
En una ponencia, el magistrado Maikel José Moreno Pérez pidió el levantamiento de inmunidad a los parlamentarios involucrados en la causa, en medio de un expediente que terminó por exponer vínculos entre poder local, credenciales oficiales y tráfico de drogas.
