Un total de 119 organizaciones de la sociedad civil pidieron la derogación total de las leyes que, a su juicio, han sido usadas para perseguir y cerrar el espacio cívico en Venezuela. Las entidades sostienen que los anuncios oficiales de revisión y reforma parcial no bastan para restituir libertades ni garantías.
Las organizaciones afirman que el país arrastra al menos 38 normas de rango legal, normativo y regulatorio que chocan con la Constitución y con tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Leyes bajo cuestionamiento
Entre los casos señalados está la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. El 29 de septiembre de 2026, el Ejecutivo interino pidió reformarla parcialmente y, el 15 de octubre, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional ese proyecto. Las organizaciones rechazan esa salida porque la ley fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente y, a su juicio, nació viciada al sustituir a la Asamblea Nacional elegida en 2015. También cuestionan que la reforma conserve sanciones administrativas discrecionales, definiciones imprecisas y retiro de contenidos sin orden judicial.
Otro foco es la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. La mesa de diálogo anunció su revisión el 21 de octubre de 2026. El texto impone penas de 25 a 30 años a quienes promuevan o respalden medidas coercitivas unilaterales, además de inhabilitaciones políticas de hasta 60 años, juicio en ausencia y un registro de personas sujetas a restricciones. También castiga a medios que difundan mensajes de promoción de sanciones.
