Al menos 198 casos de violencia contra personas LGTBI fueron registrados en Venezuela entre enero y septiembre, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, cuya coordinadora general, Glorielys Pérez, alertó sobre la persistencia de la vulnerabilidad y la violencia estructural contra ese colectivo.

Un balance marcado por discriminación y prejuicio

La organización detalló que su conteo incluye 150 discursos discriminatorios, 24 casos de delitos basados en prejuicio, 22 incidentes discriminatorios, una desaparición y un episodio de violencia intragénero.

Entre los incidentes discriminatorios, el observatorio mencionó hechos vinculados con rechazo en el entorno familiar, limitación o negación de entrada a locales nocturnos, trabas para acceder a empleos, impedimento para donar sangre y acoso de compañeros de clase o de trabajo.

Pérez señaló además que, en el país, una persona homosexual no puede donar sangre, una persona trans está obligada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa y las parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse.

Casos graves y agresores en posición de poder

El observatorio recordó en su informe que en mayo 33 hombres fueron detenidos y extorsionados por la Policía durante un allanamiento ilegal en un local de entretenimiento LGTBI en el estado Lara.

Según los afectados, los acusaron de “ejercer el delito de la homosexualidad”, y luego el Ministerio Público informó que cinco policías fueron detenidos y anunció una investigación.

La ONG también documentó hasta septiembre el asesinato de dos personas del colectivo: un estilista en mayo en su residencia en el estado Sucre y una mujer trans de 23 años en agosto en un establecimiento nocturno en la región de Táchira.

En 154 de los casos, los agresores fueron personas “en situación de poder”; en 23, civiles; y en 13, funcionarios del Estado.

Como parte de sus recomendaciones, el observatorio pidió el cese de discursos de odio, la investigación de abusos estatales, la garantía y protección del espacio cívico para las ONG y los activistas, y la integración del enfoque de género y diversidad en la respuesta humanitaria.