El Gobierno de Donald Trump ha deportado a unas 980.000 personas desde el inicio de su segundo mandato, según un informe del Migration Policy Institute, en un período en el que el Departamento de Seguridad Nacional no publica cifras oficiales.
El análisis cubre del 20 de enero al 31 de julio de 2026 y se apoya en datos públicos obtenidos mediante solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, después de que el Departamento de Seguridad Nacional dejara de difundir estas estadísticas en enero de 2025.
La mayor parte de las expulsiones ocurrió en la frontera
De acuerdo con el informe, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza completaron en conjunto unas 980.000 deportaciones. Si se mira por año fiscal, el ritmo equivale a unas 620.000 deportaciones en 2025 y unas 660.000 en 2026.
Pese a que los cruces en la frontera con México están en mínimos históricos, el 69 % de las deportaciones correspondió a personas interceptadas en la frontera: unas 340.000 fueron devueltas directamente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y otras 340.000 fueron detenidas en la frontera y deportadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tras ser procesadas dentro del país.
El 31 % restante, unas 300.000 personas, fueron inmigrantes arrestados dentro de Estados Unidos. Según el Migration Policy Institute, se trataba de personas que probablemente llevaban años viviendo en comunidades estadounidenses.
El interior del país ganó peso en las detenciones
Las detenciones en el interior, que la Casa Blanca ha mostrado en videos y operativos en ciudades como Chicago o Minneapolis, pasaron de representar el 28 % de las deportaciones en 2025 al 34 % en el primer semestre de 2026 y al 39 % en julio. Su promedio mensual subió de 8.000 en los tres primeros meses del mandato a 19.000 entre mayo y julio de 2026.
Sin contar las devoluciones fronterizas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el 61 % de las personas deportadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, unas 390.000, llevaba al menos dos años en el país, y el 15 %, unas 90.000, diez años o más, según el estudio.
En cuanto a los antecedentes penales, el informe señala que el 71 % de los deportados con al menos dos años de residencia, unas 280.000 personas, nunca había sido condenado por un delito. Entre quienes llevaban una década o más en el país, el 61 %, unas 57.000 personas, tampoco tenía condenas.
En total, el Migration Policy Institute sostiene que solo el 20 % de las 980.000 deportaciones, unas 190.000, afectó a personas condenadas por algún delito.
El dato contradice el mensaje de la Administración, que ha insistido en que su prioridad es expulsar a personas con antecedentes criminales, a quienes llama “lo peor de lo peor”.
